La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró su año con un fallo de alto impacto político: por unanimidad, ordenó una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires en la causa por el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Eso significa que no falló sobre quién tiene razón. Las provincias, entre ellas a La Pampa -por el que el gobernador Sergio Ziliotto pidió hace unos días ser convocado para dar sus argumentos- reclaman que la capital del país no reciba esos fondos extras.
Hasta tanto se resuelva la discusión de fondo, mientras dure el juicio, los jueces ordenaron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables. También dispusieron “que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
Además, le ordenaron al Estado Nacional que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, sancionada hace dos años y cuestionada en este litigio.
El conflicto se dio luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje bajó luego al 3,5%.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández, con la quinta de Olivos rodeada por policías bonaerenses que se alzaron para reclamar un aumento de sueldo, firmó el decreto 735/2020 para quitarle parte de esos fondos a la Ciudad y dárselos a la provincia de Buenos Aires. Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que aumentaba la quita, dejando la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable). Ahora, la Corte le está restituyendo un 0,63% hasta tanto se defina la cuestión de fondo.