El presidente Alberto Fernández y once gobernadores acordaron este martes, en un hecho sin precedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por “»mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.
El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.
Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto fue uno de los firmantes del pedido de investigación a la Corte. Dijo que hay “connivencia” entre los jueces y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. “Defendemos La Pampa siempre, ante cualquier ataque y en todos los ámbitos. Dijimos que el Fallo de la Corte beneficia a CABA y nos perjudica. Nos perjudica porque significa menos obras para La Pampa”, justificó, en una serie de tuits.
Defendemos La Pampa siempre, ante cualquier ataque y en todos los ámbitos.
Dijimos que el Fallo de la Corte beneficia a CABA y nos perjudica.
Nos perjudica porque significa menos obras para La Pampa.
Perjudica al interior y a cada una de las provincias.
👇— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 3, 2023
“Perjudica al interior y a cada una de las provincias. Para nosotros, la calidad institucional es central. Sostuvimos que el fallo es arbitrario y avasalla la división de poderes. Además que es un acto político, hoy agravado ante la pública connivencia del Presidente de la Corte y autoridades de la CABA”, expresó Ziliotto.
“Hoy, ejerciendo un derecho constitucional pedimos al Poder Legislativo que investigue la conducta de los integrantes del máximo tribunal”, finalizó.