El Senado de la Nación aprobó hoy por unanimidad el proyecto de la llamada Ley Lucio, en recuerdo al niño asesinado Lucio Dupuy, por el que se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes. La sesión fue presidida por Cristina Kirchner.
Con esta sanción, la iniciativa -que fue impulsada principalmente por el diputado Martín Maquieyra, del PRO- se convirtió en ley. Propone la creación de un plan federal de capacitación obligatoria, continua y permanente en derechos de infancias y adolescencias para las y los agentes de los tres poderes del Estado. “Hoy es un día histórico para nosotros. En un año hemos trabajado en este proyecto y aprobado en ambas cámaras con el apoyo de todos los legisladores. Gracias a todos los que nos acompañaron en este camino”, resaltó Maquieyra.
Luego de una ola de reclamos para que el Senado trate la iniciativa, que había recibido media sanción del Senado el 9 de noviembre del año pasado, finalmente se convirtió en ley con 65 votos afirmativos, con los abuelo de Lucio Dupuy -el niño de cinco años brutalmente asesinado que inspiró la creación del proyecto- ubicado en uno de los palcos del recinto. Se trata de Ramón Dupuy y Silvia Gómez. “Estamos felices de este hecho que nos emociona a todos. Gracias a todos los senadores que acompañaron el proyecto, y especialmente a su autor, el diputado Maquieyra. Él me prometió que la Ley iba a salir y cumplió su palabra. Estamos muy agradecidos, por todos los niños que sufren violencia y por Lucio que nos mira desde el cielo”, manifestó Ramón Dupuy.
Lucio Dupuy falleció luego de recibir palizas permanentes de parte de su madre y la pareja de la misma en Santa Rosa. Ambas ya fueron condenadas a prisión perpetua.
La iniciativa, que recrea el formato de la Ley Micaela aunque en este caso vinculado a la la prevención y detección temprana de la violencia contra las infancias y adolescencias, había estado en el temario de la fallida sesión del 30 de marzo, cuando el oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo en el orden de tratamiento de los proyectos y se suscitaron álgidas discusiones no resueltas sobre cuestiones reglamentarias.
Diez senadores de las distintas bancadas participaron como oradores para exponer sobre esta iniciativa que, tal como estimaban fuentes parlamentarias, fue aprobada por unanimidad.
En representación del Frente de Todos (FdT), el primer orador y miembro informante fue el senador Daniel Bensusán (La Pampa). “La violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas”, dijo.
“Es evidente que con las leyes solas no alcanza, tampoco con la voluntad sola de los gobiernos. Este es un tema que atraviesa a toda la sociedad. Pero debemos tener en claro un actor fundamental, sin el cual todo lo anterior no tendría sentido: el compromiso social de todas y todos contra la violencia en las infancias. La vulneración de los derechos de las infancias nos interpela y pone en claro la necesidad de conformar un verdadero Pacto Social tendiente a terminar con estas prácticas”, fundamentó en su presentación. “Mientras existan algunos medios de comunicación que recurran al morbo en el asesinato de niños para aumentar sus audiencias; mientras existan quiénes usen estos aberrantes hechos para fines electorales; mientras todavía se piense que el maltrato a nuestras infancias y adolescencias son cuestiones en las que no hay que meterse porque son puertas adentro y se mire para otro lado; no estaremos respondiendo en forma madura, como sociedad”.
Bensusán pidió que no se revictimice a las personas menores que sufren situaciones de violencia o abuso. “Esto se empieza a cambiar haciendo lo que hacemos hoy, legislando. Dando herramientas para que el estado actúe, para que las y los agentes de ese estado tengan aún más claro lo que deben hacer. Fortaleciendo el accionar institucional del estado, y no debilitándolo”.
Antes de la votación, Bensusán se reunió con Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de Lucio, quiénes concurrieron especialmente para participar de la sesión del Senado.
Otro de los oradores fue Daniel Kroneberger (Juntos por el Cambio). “No caben dudas de que es muy importante y necesario que en el Senado de la Nación hoy estemos tratando una Ley trascendental para estos tiempos; tiempos en que comienzan a visibilizarse algunas problemáticas no solo en Argentina, sino en el mundo. Y visibilizar implica estudiar los problemas, ponerles un nombre, describirlos y abordarlos desde distintas miradas. Se trata de debatir con madurez, con certezas y con responsabilidad, para encontrar soluciones en conjunto. Eso es visibilizar”, dijo.
La llamada Ley Lucio que busca prevenir la violencia y abuso en la infancia establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto.
El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Senaf, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con «cierta experiencia acumulada».
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.
Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad».
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
