La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó a los senadores y senadoras del Frente de Todos a defender a los miembros del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre ellos al pampeano Alejandro Gigena, que fueron denunciados por Telecom tras haber habilitado a Telecentro, la empresa de propiedad de Alberto Pierri, a operar en el servicio de telefonía móvil con el alquiler de la infraestructura de los otros prestadores.
Las intimaciones de Telecom llegaron al vicepresidente del Enacom, Gustavo López; y a los representantes del Congreso Nacional en el directorio del organismo: Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y el pampeano Alejandro Gigena. Junto al presidente Claudio Ambrosini, constituyen la mayoría oficialista que domina el organismo.
El punto del conflicto radica en una resolución de Enacom que ordena a las telcos a alquilar los recursos necesarios para que Telecentro pueda prestar servicios como Operador Móvil Virtual (OMV). Si bien la legislación vigente habilita ese convenio, hasta ahora no fue posible por falta de un acuerdo de precios y con esta medida el ente regulador obliga a cerrarlo cuanto antes.
En Enacom sostienen que Telecentro no puede ser discriminada, porque ya existe un convenio entre Movistar y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) para utilizar infraestructura común. En Telefónica aclaran que en ese caso pudieron ponerse de acuerdo entre las partes, mientras que la resolución del organismo, dicen, “impone precios y rompe el negocio”.
En la intimación al organismo regulador Telecentro advirtió que las autoridades de Enacom deberán responder civil y penalmente por los perjuicios económicos de tener un nuevo competidor.
“Este grupo empresario (Telecom) se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real”, dijeron los senadores del Frente de Todos.
“Alertamos sobre este accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la Justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido. Allí, un grupo, integrado por jueces, fiscales, un funcionario porteño y ejecutivos del Grupo Clarín, participó de una excursión a la propiedad del empresario británico Joe Lewis en La Patagonia, financiada por la corporación mediática”, recordaron.
“Poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso”, concluyeron.