Diputados y diputadas provinciales de la UCR y el PRO solicitaron al gobernador Sergio Ziliotto, a través de un proyecto presentado en la legislatura, que declare la emergencia habitacional del barrio Río Atuel, de Santa Rosa, y que se realice un estudio y proyecto de reparación de inmuebles que pongan en peligro la habitabilidad de las viviendas.
En el proyecto, los y las legisladoras solicitaron también que se presupueste el mantenimiento y/o reparación de techos, pasillos, escaleras, casilleros, juegos infantiles, calles peatonales y pintura de los espacios comunes, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
“Actualmente se puede observar un gran deterioro interno del barrio producto de la acumulación de situaciones no resueltas y carencia de ayudas estatales. Se puede observar con claridad las consecuencias de intervenciones coyunturales y otras mal resueltas, tales como un pésimo sistema para los líquidos que escurren superficialmente, dado que si bien el barrio fue entregado con el asfaltado perimetral de sus calles, no existen pluviales para recolectar el agua de lluvia”, advirtieron.
“Son sabidas las denuncias de las y los vecinos respecto a situaciones de rajaduras en paredes y destrucción de pisos por desmoronamiento en virtud de la forma en que está cediendo el terreno, y se han ido acumulando con el correr de los años. Esta situación, exige la inmediata intervención del Estado provincial, articulando todas las herramientas a su disposición, para brindar una urgente solución a las necesidades de uno de los barrios que alberga una enorme cantidad de vecinas y vecinos”, reclamaron los firmantes del proyecto.
Hace 12 años el bloque del Frepam solicitó la intervención del Gobierno provincial a través del IPAV, tomando como antecedente que el propio Gobierno provincial dictó el decreto N° 264 en el año 2.006, mediante el cual se hizo cargo de esas tareas (NdR: similares a las que se están solicitando) en un complejo habitacional con características similares en otra localidad de nuestra provincia (NdR: en referencia a un barrio de General Pico), encargando al IPAV de llevar adelante la realización de las mismas, recordaron.
“Es por ello que tomando como base dichos antecedentes solicitamos que el Poder Ejecutivo actúe de la misma manera en este caso, teniendo en cuenta las características similares que se presentan”, remarcaron.
“No se puede dilatar la intervención de Estado porque no solo está en riesgo las viviendas como derecho constitucional adquirido, sino también la propia vida de muchas personas”, agregaron.