El gobernador Sergio Ziliotto reiteró hoy el pedido para que vuelva el agua al río Atuel en La Pampa, al cumplirse tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que Mendoza debía entregar al menos un caudal de 3,2 m3/seg en el noroeste pampeano.
Actualmente el cauce del río está seco. “Aún hoy el gobierno de Mendoza no cumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de proveer a nuestra provincia un caudal mínimo constante de agua de 3,2m3/seg”, expresó el mandatario pampeano, en las redes sociales. “Nos robaron un río. No es un capricho de La Pampa ni de su gobierno. Así lo determinó la justicia”, dijo.
“Se daña nuestro ambiente. Se desertifica nuestro oeste. Se vulneran los Derechos Humanos de nuestra gente”, dijo.
“Seguiremos defendiendo nuestros ríos, donde sea y ante quien sea. Como siempre”, agregó.
Hace tres años, el 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Fue un fallo histórico, que le daba la razón a La Pampa, pero que aún la provincia vecina se niega a respetar: el Atuel sigue seco en el oeste pampeano. La Corte, mientras tanto, no lo hace cumplir.
En las últimas horas se conoció que el gobernador Sergio Ziliotto encomendó a la Fiscalía de Estado a realizar una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para reiterar la solicitud del cumplimiento inmediato de la sentencia . Además, con el fin de que corroboren la gravedad del daño ambiental y la urgente necesidad de agua, requirió que en la misma presentación se invite a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cauce pampeano del rio Atuel, con el fin de que puedan conocer y corroborar en persona la gravedad del daño.
Este fallo, en su momento, significó un gran triunfo judicial y político para La Pampa. Similar al de 2017, cuando el máximo tribunal ratificó que el Atuel era interprovincial.
Mendoza, a partir de las negociaciones entre 2018 y 2019, había propuesto largar 1,3 m3/s para nuestra provincia y llegar a 2,6 m3/s en cinco años. En tanto, La Pampa reclamó inicialmente 3,4 m3/s, para pasar en forma progresiva a 4,5 m3/s en un año. El 16 de julio de 2020, la Corte fijó el valor en 3,2 m3/s.
El caudal fijado es una meta interina: la Corte apeló al Principio Ambiental de Progresividad, que tiene en cuenta el alcance gradual de objetivos, para lo cual se deben establecer metas interinas y metas finales. En este caso, al perseguirse una recomposición natural del ecosistema, no puede conocerse anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla.
Por ello, ordenó que el caudal de 3,2 m3/s sea monitoreado por un programa que deberán fijar las partes con el fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en el mantenimiento de la biótica, salinidad y niveles freáticos.
Así la Corte Suprema expresamente estableció que el caudal fijado es solo una meta interina. Para la meta final deberá determinarse en forma definitiva el caudal hídrico apto para la recomposición del noroeste pampeano.
Un robo que lleva décadas
Mendoza solo larga agua a La Pampa cuando hay excedentes. No ocurre seguido: entre 1947 y 1970 no llegó ni una gota de agua. Y desde diciembre de 2019 a la fecha, tampoco ingresa agua al oeste pampeano.
En La Pampa, a raíz de ese corte, se desertificaron 1,5 millones de hectáreas y centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares.
La Corte Suprema de Justicia falló en 1987 que el río Atuel era interjurisdiccional, es decir, perteneciente a ambas provincias. Además, dijo que Mendoza tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas.
La Pampa volvió a la Corte hace una década y pudo demostrar, a partir de la nueva jurisprudencia ambiental, que el tema del Atuel no es cosa juzgada. Fue una bofetada para la provincia vecina.
Casa de Gobierno sostuvo, en su demanda, que la provincia cuyana incumplía la obligación de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del río y solicitó que se declare la presencia de daño ambiental, como consecuencia de los incumplimientos señalados y se ordene su cese y la recomposición del ambiente. Sostuvo, además, que debía fijarse un caudal de agua mínimo a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua, al crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias.
Además, pidió que se le ordene a Mendoza la realización de las obras necesarias para optimizar la utilización del recurso agua en su sistema de riego y se la condene a indemnizar los perjuicios sufridos con motivo de los incumplimientos.
Así, en diciembre de 2017, la Corte ratificó que el río es interprovincial y ordenó sentarse a negociar. Sin embargo, ambas provincias no lograron acordar. ¿Qué propuso Mendoza? Hacer 23 perforaciones para destinar a su propio riego para, de esa manera, “liberar” 1,3 m3/seg para La Pampa. Sin embargo, estuvo lejos de la pretensión de nuestra provincia que reclamaba al menos 3,4 m3/seg. Así en 2020 la CSJN fijó en 3,2 m3/s el caudal mínimo.
Pérdidas multimillonarias
El corte del Atuel ha generado millones de dólares en pérdidas para La Pampa. El Gobierno pampeano estimó que Mendoza estaba provocando, a fines de 2011 y principios de 2012, al menos una pérdida económica de 100 millones de pesos -unos 22,5 millones de dólares, a valores de esa época- por el corte del Atuel. Si el caudal fuera relativamente bueno, la pérdida treparía a 570 millones -125 millones de dólares-.
Los valores fueron establecidos en el Estudio para la Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en el año 2012.