Luego de la votación del Senado, que votó por aprobar el pliego de Ana María Figueroa -y el de otra treintena de jueces- para reforzar al Poder Judicial, este martes Alberto Fernández firmó el decreto que autoriza la permanencia de una de las pocas camaristas no alineadas con el macrismo que fuera cesada de sus tareas por la Corte Suprema.
La confirmación llegó casi a la misma hora para todos los medios de comunicación. Es que, días atrás, algunos de ellos plantearon la duda sobre si el Presidente efectivamente iba a sancionar el decreto que habilita a Figueroa a estar cinco años más en los pasillos de Tribunales. Pero desde Casa Rosada parecen no subirse a la ola que fogonearon opositores y medios, al garantizar que el Poder Ejecutivo iba a cumplir con la resolución de la Cámara de Senadores. Tras las versiones periodísticas, llegó el decreto presidencial.
El 9 de agosto, Figueroa cumplió 75 años, edad jubilatoria para los magistrados. Y pese a que su pliego para la renovación aguardaba la votación en la Cámara Alta -ya había tenido dictamen en la Comisión de Acuerdos- la Corte Suprema resolvió hacerla cesar en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. «Fue un supremo acto de violencia institucional por razones de género», dijo la magistrada a este diario tras la resolución de los supremos.