El Polideportivo de Santa Rosa -conocido como Megaestadio- vuelve a ser noticia. Este lunes el Gobierno informó de dos nuevos datos. Por un lado, el gobernador Sergio Ziliotto solicitó al Superior Tribunal de Justicia que trabe medidas cautelares sobre los bienes de Inarco, en el marco de la demanda por la obra. Y, por otro, confirmó que se deben construir casi 500 nuevos micropilotes con un costo adicional de 2 mil millones de pesos.
El pedido de la cautelar se debe tanto a las fallas en la estructura como por los daños totales producidos por la no conclusión de su construcción.
Por eso la Fiscalía de Estado solicitó, con el fin de resguardar el patrimonio que a futuro podrá respaldar una demanda de daños, se trabe un embargo sobre 58 bienes inmuebles, 30 automotores y cuentas bancarias titularidad de Inarco.
Para realizar ese pedido, se tuvo en consideración que el expediente en el cual tramitan los vicios ocultos se encuentra en etapa de alegatos, concluida la prueba y agotadas todas las instancias administrativas en jurisdicción provincial. Por tanto, próximo a una sentencia.
Asimismo, se consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, por inadmisible, con fecha 3 de agosto de 2023, el recurso de queja presentado por la empresa Inarco, contra los actos administrativos de su representada que resolvieron el contrato de obra del Estadio Polideportivo.
Además, a la empresa constructora también se le rechazó la demanda contenciosa administrativa para la medición final de la obra. Por tanto, la medición final también se encuentra firme y ejecutable, pese a encontrarse en queja en la Corte Suprema por haberle denegado por inadmisible el recurso extraordinario federal, informó el Gobierno.
Asimismo, comunicó, se deben ejecutar 498 nuevos micropilotes, de longitud promedio 12,50 m., para un refuerzo en la fundación existente y la correspondiente vinculación a columnas de hormigón armado construidas, según el diseño original de la estructura.
Sólo esos trabajos están valuados al mes de julio de 2023 en la suma cercana a los 2 mil millones de pesos. A eso debe sumarse que, una vez finalizada la presente causa -que tiene por fin dejar firme el acto administrativo que establece los vicios ocultos-, se accionará contra la empresa por el monto antes mencionado más los daños totales producidos, los que serán determinados en el momento oportuno, informó.
La historia de Inarco en el polideportivo
El estadio comenzó a construirse hace casi dos décadas. Debió haberse terminado en 2007 para los Juegos de la Araucanía, pero un fallo en el cálculo de la estructura del techo impidió su finalización.
La empresa, en su presentación, recordó que el antecedente del polideportivo santarroseño es una obra prevista para la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. “Era de menor envergadura que la que del proyecto para esta ciudad, por ello y sumado a la ausencia de una debida proyección de la obra, devino en la elaboración de un pliego licitatorio incompleto e insuficiente”, dijo en su momento.
La empresa inició los trabajos y, antes del montaje de la estructura cubierta del techo, efectuó los cálculos. Sin embargo, ese montaje de la estructura cubierta de techo colapsó.
“Los errores en que incurrió la empresa para efectuar los cálculos fueron provocados o inducidos por los defectos contenidos en los pliegos de la licitación, particularmente porque la obra fue licitada sin proyecto” por el primer Gobierno de Carlos Verna, argumentó Inarco. “Sin perjuicio de ello -sostuvo- Inarco SA se hizo cargo de los gastos que significaron los errores, por lo que le adjudica a la provincia la responsabilidad. Inarco SA contrató a su cargo al ingeniero Mariano P. Ameijeiras, profesional que determinó que la única viabilidad para que el defectuoso proyecto pudiese concluirse, significaba la existencia de una nueva obra”.
Así, hicieron un nuevo proyecto del techo. “Conforme a este nuevo proyecto y cálculo, el tonelaje de la estructura y cubierta metálica del techo del Megaestadio pasó de noventa (90) toneladas previstas a novecientas (900) toneladas y ello cambió la ingeniería de lo proyectado, suponiendo un desafío técnico único en el mundo. En tanto el referido ingeniero realizaba los trabajos, entre la Provincia de La Pampa y la empresa se celebró el Contrato n° 23/08 (09/4/08), que tuvo por objeto prever el presupuesto con que se había de afrontar la ejecución de los trabajos adicionales de la obra, entendiéndose por tales el ajuste alzado, fijándose un plazo de ciento veinte (120) días corridos para ejecutar los trabajos contados a partir del Acta de reinicio de la obra”.
La firma piquense reconoció que asumió “la responsabilidad total por las deficiencias de los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra y los costos”, pero aclaró que “en el convenio quedó claro que se trataba de un nuevo proyecto”, el cual fue sometido a la autorización del Poder Legislativo, sancionándose la Ley 2516 que autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir el convenio.
Dijo que, al asumir la total responsabilidad por las deficiencias en los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra, mediante una presentación efectuada por la empresa con fecha del 26 de febrero de 2008, Inarco SA devolvió los fondos que le fueron pagados en relación a la estructura y apuntalamiento de la obra.
En este punto, la empresa comenzó la ejecución del nuevo proyecto, ejecutando el 80%. “Sin embargo en julio de 2012 apareció una contingencia imprevisible; frente a ello el contratista efectuó una presentación de que la nueva estructura no podía ser montada reutilizando el apuntalamiento ya ejecutado en la primera versión cubierta, puesto que la nueva estructura pesaba 900 toneladas, contra las 200 toneladas que tuvo la cubierta aprobada en 2007 por la Dirección de Obras Básicas y Particulares de la provincia. La nueva estructura requería un apuntalamiento total de la superficie a cubrir en forma simultánea, lo que significaba que las torres iniciales construidas para apuntalar eran insuficientes”, dijo.
“El problema fundamental se constriñó al apuntalamiento y montaje de la nueva estructura y requería de un nuevo plazo y la Administración consideró razonable acceder a la petición de Inarco SA”, expresó.
La nueva estructura proyectada por el ingeniero Ameijeiras se encontraba finalizada, así como acopiados los materiales para finalizar la obra. “Pero la cuestión pendiente era el derecho de Inarco SA a obtener la satisfacción económica para el montaje de la estructura y el plazo para hacerlo y atento el monto dinerario requerido para proceder a ese montaje, la propia Administración entendió que la obra quedaba encuadrada en los arts. 65, 66 y 67 de la Ley n° 38, sin perjuicio del incumplimiento en que incurrió la provincia al no observar el art. 11, apartado 5, de dicha ley”.
Advirtió que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares “incumplió con las exigencias del art. 11 de la Ley 38”, en razón de que ni los planos obrantes en el pliego ni el presupuesto oficial, eran lo suficientemente claros para permitir cotizar adecuadamente la estructura, como también que la empresa, contractualmente, no tenía la obligación de ejecutar la obra que no haya sido definida en el pliego.
Así, en medio de idas y venidas, el 30 de diciembre de 2010 se suscribió la paralización de la obra. Posteriormente, el 27 de julio de 2012, el gobernador Oscar Jorge emitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en el cual requería que se lo autorizara a aprobar la documentación del montaje de la estructura y cubierta metálica del estadio; a la adquisición por la Provincia de los caños necesarios para el apuntalamiento, los cuales debían ser prestados a la empresa para la ejecución de la obra y que debían ser restituidos al finalizar la misma; y a otorgar suspensiones y/o prórrogas de la obra fundadas en razones técnicas o climáticas.
La Legislatura se negó a aprobar ese proyecto. Principalmente los diputados del vernismo se quejaron de que la Provincia se hiciera cargo del costo del material. Finalmente, en medio de acusaciones y de amenazas de juicios politicos, Jorge levantó la paralización y ordenó el reinicio de los trabajos. Fue el 18 de febrero de 2015. La empresa fue notificada el 27 de ese mes. Tenía un día para terminar. Obviamente que se venció el plazo y posteriormente Jorge rescindió el contrato con “culpa” hacia Inarco.
La constructora, molesta, contraatacó con una demanda contenciosa administrativa: dijo que la principal culpa por no haberse terminado de colocar el techo fue del Gobierno. Sostuvo que los errores de cálculo en la cubierta fueron inducidos por la Provincia que no proveyó un proyecto ejecutivo para hacer los trabajos.
El nuevo techo listo
En 2017, en tanto, el Gobierno de Verna llamó a una nueva licitación. Se presentó una sola empresa, la santafesina Cinter, a la que le adjudicaron los trabajos por 243 millones de pesos a valores de mayo de 2018. El techo ya no es a cuatro aguas. Ahora es parabólico, según el diseño que aportó la firma santafesina.
Además, se conocieron más fallas: los 76 pilotes que estaban sosteniendo el polideportivo fueron mal construidos por Inarco.
Esos pilotes tuvieron que ser reconstruidos. ¿Cuál fue la falla? La empresa Inarco los hizo sin “bulbo”, por lo que ofrecen menor resistencia.
Por eso se debieron hacer trabajos de refuerzos en los pilotes. La empresa Ecop –contratada en 2019 por 33,8 millones de pesos- colocó pilotines al lado de cada uno de ellos para subsanar los errores.
Si no lo hubiesen hecho, la estructura podría comenzar a hundirse con el nuevo techo, a cargo de la empresa Cinter.
Ahora, se conoció que deben hacer unos 500 nuevos micropilotes. “Los 500 son para asegurar el resto de los apoyos de la estructura propia del resto del edificio”, contaron fuentes oficiales a Diario Textual.