Cuatro mujeres fueron detenidas este miércoles por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la ley ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el himno argentino mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las estaban haciendo “dar vueltas” con el patrullero. En la mañana de hoy, luego de permanecer recluidas durante horas, fueron liberadas.
El Comité Provincia de la UCR repudió la represión. Lo llamativo es que los legisladores nacionales de la UCR, con el PRO, van a votar a favor de la ley ómnibus que, precisamente, criminaliza la protesta social.
“En consonancia con lo expresado por el Comité Nacional UCR, expresamos nuestro repudio a las detenciones de Ivanna Budge, Jennifer Bogarín, Agustina Goncalves y Abril Taborda, realizadas durante la tarde noche de ayer, en inmediaciones del Congreso de la Nación”, sostuvo la UCR pampeana.
“Las manifestaciones políticas son esencia fundamental de la democracia, el respeto a las disidencias es una regla que este partido lleva como bandera. Por lo tanto, expresamos nuestra preocupación por lo acontecido y reclamamos al gobierno nacional, y a los responsables de Seguridad en particular, respetar las normas básicas de convivencia ciudadana y de los derechos esenciales de las y los ciudadanos de este país”, finalizaron.
El texto del capítulo de seguridad en la ley ómnibus de Javier Milei llegó al debate en el recinto con seis artículos menos. De acuerdo a las organizaciones que impulsaban la derogación completa del apartado por considerarlo inconstitucional, se hicieron modificaciones superficiales que no eliminan el espíritu criminalizador hacia la protesta social ni la convalidación del gatillo fácil.
El dictamen que muy probablemente consiga la media sanción en su votación en general reforma artículos importantes del Código Penal que garantizan, entre otras cosas, el derecho a querellar de familiares de víctimas de gatillo fácil, pero el último borrador también establece un aumento de las penas para quienes se movilicen hasta volverlo un “delito” no excarcelable por “entorpecer la circulación”.