Los siete diputados provinciales de la UCR salieron a rechazar “categóricamente” el llamado “aporte solidario” que anunció Sergio Ziliotto para gravar por única vez los altos salarios de funcionarios y empleados públicos, la actividad financiera y los vehículos e inmuebles de mayor valuación, con el fin de financiar la ayuda a los sectores más vulnerables. La iniciativa, pese al rechazo opositor, no correría riesgo: hay -en principio- quince legisladores de la UCR, del PRO y de Comunidad Organizada en contra y quince del peronismo a favor. Desempataría a favor del proyecto la presidenta de la Legislatura, la peronista Alicia Mayoral.
Para la oposición se trata de un impuesto, en tanto que desde el Gobierno se habla de un aporte solidario.
Los detalles los dará el propio gobernador este lunes, en conferencia de prensa, luego de remitir el proyecto -junto a otros, como la iniciativa para sostener la obra pública- a la Legislatura.
La intención es obtener fondos para incrementar la asistencia a los sectores vulnerables, en medio del ajuste puesto en marcha por el presidente Javier Milei.
Según ha trascendido, este aporte alcanzaría un promedio de 1.000 empleados y empleas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, incluidos los funcionarios. Pero también impactará en los dueños de inmuebles y autos más cargos, y en el sector financiero.
La UCR fijó posición este domingo, a través de un comunicado. El viernes, luego del discurso, el presidente del bloque, Hipólito Altolaguirre, había dicho que era una buena iniciativa, pero que había que analizarla. “Suena bien a los oídos, hay que ver cómo se pretende implementar”, llegó a decir, por lo que hubo quienes parecieron ver un guiño. “La renta financiera tiene que tributar como tributa cualquier contribuyente. Con respecto al resto, hay que ver qué se considera altos ingresos. Nuestra provincia no tiene una gran actividad privada, si va a funcionarios hay que analizarlo. Cuando se habla de impuestos hay que verlos porque después se quedan para siempre”. Sin embargo, hoy el propio Altolaguirre y los otros seis legisladores radicales le bajaron el pulgar.
“Rechazamos categóricamente el acompañamiento a cualquier iniciativa que se circunscriba a incrementar la alícuota de ingresos brutos a la actividad de los bancos, como así también a modificar escalas, valuaciones o alícuotas en el impuesto inmobiliario y/o patentes”, sostuvieron los radicales en un comunicado de prensa. En principio, dijeron, esos cambios en las alícuotas impactarán, por ejemplo, en las tarjetas de créditos de todos los consumidores.
“Consideramos indispensable que, previo a la posibilidad de darle tratamiento legislativo a los mencionados cambios, debemos discutir la reformulación del rol del Estado provincial, con el objeto de hacerlo más eficiente y por ende que pueda solventarse sobre la base de la presión impositiva actual”, finalizaron.