La Cámara de Diputados de La Pampa comenzará a analizar desde esta semana, en comisión, otro de los proyectos clave que envió el gobernador Sergio Ziliotto: el del llamado “aporte solidario”, con el fin de recaudar unos 10 mil millones de pesos extras para ayudar a las familias vulnerables en el contexto de la recesión, la caída de ingresos y el recorte de fondos a la Provincia.
La iniciativa comenzará a analizarse luego de que la semana pasada se logró aprobar otro proyecto prioritario: la declaración de emergencia de la obra pública.
Según la iniciativa del Ejecutivo, este aporte se conformará con una suba durante seis meses de los ingresos brutos al sistema financiero -es decir, los bancos-; los contribuyentes que posean cinco o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de sus inmuebles supere los 50 millones de pesos (están exceptuados los inmuebles rurales); quienes posean vehículos de alta gama, que tengan un valor a enero de 2024 superior a los 40 millones de pesos (los vehículos destinados a la producción no están incluidos en este aporte); y los funcionarios y empleados públicos de más altos salarios (todavía no hay establecido un monto, pero podría ser a partir de los 2 millones de pesos).
Los 15 legisladores opositores -los de los bloques de la UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada- ya adelantaron que votarán en contra de este proyecto de ley: calificaron a este “aporte solidario” un nuevo impuesto.
La decisión quedará, así, en manos de los 15 del bloque peronista del Frejupa. Desempatará a favor del proyecto la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral.
De todas maneras entre los oficialistas, como ya adelantó Diario Textual, hay ciertas diferencias con la iniciativa de Ziliotto.
Según dijeron en los pasillos de la Legislatura, los vernistas Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo no estarían de acuerdo con que los empleados públicos paguen este aporte.
En tanto, hay otros diputados, como Espartaco Marín, que se preguntan por qué no le aumentan los ingresos brutos al Casino Club. En ese marco, ya adelantó a Diario Textual, que podrían salir de la ley los empleados públicos -se mantienen los funcionarios- y ser remplazado por el casino.
Actualmente la casa de juegos de la avenida Illia paga 8,2% de Ingresos Brutos. Se trata de alrededor de 200 millones de pesos por mes.
“Si el objetivo del gobernador es llegar a los 10 mil millones de pesos para garantizar que todas las familias que están dentro del Sistema Pilquén (NdeR: el registro de familias beneficiarias actuales y potenciales de programas sociales estatales) tengan la alimentación para no quedar debajo de la canasta básica, hay herramientas…”, dijo Marín días atrás. “Y el Gobierno ha usado algunas de esas herramientas para llegar a ese monto. Dentro de nuestro bloque, hay posiciones sobre algunas disposiciones (del proyecto de ley): si algunos actores tienen que estar o no (dentro de la ley). Yo digo que, si hay una posición mayoritaria en nuestro bloque con que los empleados públicos no deben estar, deberíamos suplirlos con un aportante para llegar al mismo fin”, sostuvo. “Creo que, incluso, con el casino se va a recaudar más de lo que se pueda recaudar con los que empleados públicos de altos sueldos”, manifestó.