Las automotrices demandadas por pampeanos y pampeanas que suscribieron planes de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetro antes del 29 de octubre de 2019 apelaron el fallo de la jueza civil santarroseña Adriana Pascual y ésta dispuso que tienen plazo hasta el 15 de mayo para recalcular las cuotas de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor. Además, designó un perito contable para que controle el procedimiento.
La noticia fue revelada por el diputado provincial Espartaco Marín (Frejupa) durante una reunión con los ahorristas en la Sala del Pensamiento de la Legislatura provincial.
El legislador junto a la diputada Marcela Páez (Frejupa y su equipo de asesoras explicó que la apelación fue concedida por Pascual y dijo que tiene efecto devolutivo, con lo cual el fallo de la jueza en primera instancia tendría efecto inmediato.
“Las automotrices apelaron a la Cámara (de Apelaciones) y esperemos que se resuelva del mismo modo que en la primera instancia”, confió Marín.
El 27 de marzo último la jueza civil santarroseña Adriana Pascual hizo lugar a la demanda colectiva de los ahorristas y dispuso que las fábricas automotrices actualicen las cuotas, en un plazo de 20 días hábiles, de acuerdo a la inflación. Dijo que hubo “aumentos excesivos de las cuotas” ya que estuvieron “por encima del índice de inflación, del coeficiente de variación salarial y del valor del dólar oficial”.
La magistrada concluyó que no hubo ninguna explicación acerca del motivo de las subas y que tampoco pudo determinarse “cómo se arribó al cálculo de las cuotas, ya que los aumentos fueron decididos unilateralmente por los fabricantes y comunicados a los suscriptores en sus cupones de pago”.
Con este fallo, Pascual resolvió la cuestión de fondo, luego que a fines de 2019 dictara una medida cautelar y ordenara a las compañías automotoras retrotraer el monto de las cuotas al 1° de abril de 2018 o a la fecha de los contratos celebrados con posterioridad.
En un primer momento fueron 202 ahorristas los que estuvieron dentro del amparo en 2019, pero luego se sumaron más hasta alcanzar los 1.500.
A estos se agregaron otros ahorristas que no formaron parte del expediente pero que, por tratarse de un proceso colectivo enmarcado en la ley 24240 de Defensa del Consumidor, están alcanzados por la resolución aunque no hayan recurrido a la Justicia.