El radicalismo de La Pampa se movilizará para apoyar la marcha del miércoles 2 en defensa de la universidad pública y contra el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. En tanto, el Pro pampeano -con una mayoría de dirigentes decididamente mileístas- no solo no votó el mayor presupuesto para las universidades, si no que, además, no da muestras de oponerse al veto presidencial.
Este es uno de los principales temas donde los socios de la UCR y el Pro no se ponen de acuerdo.
El presidente del Comité Provincia de la UCR, Federico Guidugli, dijo a Diario Textual que a través del Comité Provincia y todos los organismos partidarios van a estar en la marcha. “La idea es llevar la mayor cantidad de gente posible”, expresó.
Este martes habrá un encuentro en el Comité de Santa Rosa para coordinar y también se está teniendo contactos con los comités de las distintas localidades para que se sumen y acompañen en la concentración que se hará en la capital provincial.
“El Comité Provincia convoca a todos los organismos partidarios, a los diputados provinciales y a los legisladores nacionales, a toda la dirigencia y militancia del radicalismo en defensa del presupuesto universitario. Es inadmisible la falta de presupuesto y el recorte universitario que están sufriendo justamente las Universidades nacionales. Inicialmente había sido con respecto a los gastos de funcionamiento, pero ahora está afectando temas sueldos, tanto de docentes como no docentes”, indicó Guidugli.
“Esto termina siendo una cuestión ideológica del gobierno nacional a la que nosotros nos oponemos terminantemente. Esto ya pasó en la época de Menem, pasó con el peronismo en los 90 y se vuelve a replicar ahora. Y en todos los casos estuvimos en el lugar correcto de la historia”, dijo el dirigente.
La Ley de Financiamiento Educativo declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec.
