Lo que comenzó como una meteórica carrera política desde la vocería hasta la Jefatura de Gabinete derivó en un complejo frente judicial para Manuel Adorni.
El funcionario, que se prepara para competir en las elecciones porteñas, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La causa examina un entramado de hipotecas inusuales, vuelos privados y omisiones en declaraciones juradas.
El epicentro de la controversia, según una publicación de La Nación reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, se ubica en un departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. De acuerdo con documentos del Registro de la Propiedad Inmueble, el inmueble de casi 200 metros cuadrados fue adquirido por Adorni por US$ 230.000.
Lo llamativo es que el 87% de la operación fue financiado por Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes habían comprado la propiedad apenas seis meses antes al exfutbolista Hugo Morales por US$ 200.000.
La inconsistencia surge al analizar el perfil de las supuestas financistas. Claudia Bibiana Sbabo, registrada como empleada de una editorial, apareció un mes después en la nómina del programa Pase Cultural, destinado a jubilados con ingresos inferiores a $600.000.
El fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, investiga si las mujeres actuaron como testaferros o si la operación encubre una maniobra para evadir impuestos y ocultar el origen de los fondos.
La trama patrimonial y los vínculos en Casa Rosada
La investigación no se limita a Caballito. Un nombre recurrente en el esquema patrimonial del jefe de Gabinete es el de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación de la calle Miró y en la inscripción de una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
La vivienda está a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y paga expensas mensuales de $700.000, un monto que contrasta con los ingresos declarados por el funcionario hasta marzo de 2025.
Registros oficiales indican que Nechevenko ingresó a la Casa Rosada en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La profesional fue citada a declarar por el fiscal Pollicita para esclarecer el origen de los fondos y su relación profesional con el matrimonio.
Vuelos privados bajo sospecha
Otro eje de la causa es el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio. La justicia analiza dos vuelos privados a Punta del Este facturados a nombre de Grandio y su empresa Imhouse.
Aunque el jefe de Gabinete afirmó haber pagado su parte, no existen registros de transferencias que respalden esa versión.
La declaración de Vanesa Tossi, empleada del broker Jag Aviation, complicó el escenario. Denunció hostigamiento para anular facturas y emitir notas de crédito, y afirmó que los pagos se realizaron en efectivo.
En este contexto, el juez Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal N° 4, dictó una prohibición de contacto de Grandio hacia la testigo. La justicia busca determinar si los viajes constituyen dádivas o parte de gastos no declarados.
El broker Agustín Issin declaró que el costo del regreso desde Uruguay podía reducirse mediante el uso de plazas vacías del avión, conocidas como “pata vacía”, lo que disminuía el valor del vuelo.
Inconsistencias en los viajes al exterior
La Dirección Nacional de Migraciones aportó datos que contradicen las declaraciones públicas de Adorni. El funcionario había asegurado que su única salida recreativa en el último año y medio fue a Uruguay.
Sin embargo, los registros oficiales incluyen viajes a Perú y Ecuador, con sospechas de una posible escala final en Aruba.
Estas omisiones refuerzan la hipótesis de una capacidad de gasto superior a la declarada.
Con la campaña electoral en marcha, el avance de la causa puede incidir tanto en el futuro judicial de Manuel Adorni como en la credibilidad política de la administración que integra. Por ahora, el silencio de la Jefatura de Gabinete marca una estrategia de cautela mientras la justicia profundiza el análisis de documentación, transferencias y testimonios clave.