Integrantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregaron un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la urgente asignación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.
Desde el foro remarcaron que los aranceles de las prestaciones presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no alcanzan a cubrir los costos mensuales. “Este reclamo fue planteado a las autoridades en el mes de febrero, sin haber sido debidamente considerado”, expresaron en una nota y exigieron el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.793, en particular la realización del estudio de costos que debe llevarse a cabo anualmente y que no fue efectuado durante 2025.
Además, informaron que este miércoles los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II–, Alberto Lugones y Néstor Pablo Barral, se expidieron sobre la apelación presentada por el Estado Nacional (Presidencia de la Nación) contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025 dictada por el juez federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay, que había declarado la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025 y ordenado la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
El amparo presentado solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2 del decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la Ley.
Los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II– consideraron que esta cuestión ha devenido abstracta, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la norma mediante el decreto 84/2026.
“Desde el Foro consideramos, en primer lugar, que los jueces de la Cámara Federal de San Martín no debieron limitarse a declarar la cuestión abstracta, sino que también debieron advertir al Poder Ejecutivo Nacional que no puede suspender, mediante un decreto, una ley sancionada por el Congreso y en segundo lugar, aclaramos a la población que la emergencia en discapacidad no es una cuestión abstracta ni una situación ya resuelta a partir de la sanción de una ley, su reglamentación y las resoluciones dictadas en consecuencia. Por el contrario, la situación continúa siendo sumamente grave y se agrava día a día”, aclararon.
Y explicaron que el Gobierno nacional adeuda pagos correspondientes al período comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026 a prestadores que han cumplido con la atención de las personas derivadas. “Esta situación impide a las instituciones afrontar sus gastos ordinarios y afecta directamente a los trabajadores, quienes no perciben de manera adecuada los salarios que les corresponden, comprometiendo así sus condiciones de vida”, aseguraron desde el foro.
Y agregaron que desde el Ministerio de Salud de la Nación dijeron que el Ministerio de Economía es el que no deriva los recursos necesarios: “Sin embargo, esta no constituye una justificación válida: el incumplimiento es del Gobierno nacional, que tiene la responsabilidad de disponer las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por ley”.
“Una vez más, el incumplimiento del Estado, materializado en la falta de respuesta de los funcionarios responsables, ha generado graves consecuencias: prestadores que han debido cerrar, trabajadores afectados y, fundamentalmente, personas con discapacidad que ven comprometida la atención que necesitan”, destacaron.