El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles, por mayoría, la apertura del procedimiento de remoción, la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones de Pablo Ramiro Díaz Lacava, juez integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, por la causal de mal desempeño en sus funciones. Paralelamente avanza una causa penal.
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación celebró hoy una nueva sesión, presidida por el presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, con la asistencia del Secretario General Mariano Pérez Roller y del Administrador General del Poder Judicial Alexis Varady.
La Justicia penal procesó a Díaz Lacava el 11 de noviembre del año 2024 por los delitos de amenazas y lesiones. Las autoridades judiciales incorporaron posteriormente a ese mismo expediente penal una imputación adicional por violencia de género.
En el ámbito administrativo, el procedimiento contra este magistrado comenzó en el mes de abril del año 2023. Tres secretarios de su propio tribunal presentaron la denuncia inicial de este caso. Los empleados judiciales acusaron al juez de cometer diversos delitos en el entorno de trabajo institucional.
Los denunciantes detallaron situaciones de coacción, de abuso de autoridad, de maltrato laboral y de violencia por motivos de género.
La causa administrativa tomó mayor dimensión cuando los otros dos magistrados del TOF de Santa Rosa, Marcos Javier Aguerrido y José Mario Triputti -quien ya renunció al cargo-, respaldaron las acusaciones de los trabajadores. Frente a las situaciones descriptas en el sumario, los denunciantes solicitaron una medida de restricción de acercamiento contra el juez acusado.
El consejero Álvaro González instruyó la investigación preliminar dentro del organismo rector de los jueces. El expediente recopiló el material probatorio y analizó los sucesos expuestos en la presentación original de las víctimas.
A mediados del mes de marzo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura concretó una reunión de carácter ordinario. Como consecuencia de la instrucción, el plenario del consejo recibió dos propuestas de resolución sobre la situación de Díaz Lacava: un dictamen solicitó el inicio formal del enjuiciamiento para su destitución definitiva y otro, elaborado por el juez y consejero Alberto Lugones, propuso la aplicación de una sanción económica equivalente a la mitad de su salario mensual por única vez. Por mayoría, finalmente, se aprobó el jury: 15 votos a favor, una abstención y un rechazo.