El presidente Javier Milei avanzó con un decreto que delegó en nueve provincias la gestión de tramos de rutas nacionales, en un movimiento que combina descentralización administrativa con acuerdos políticos con gobernadores. La medida, largamente reclamada por los mandatarios provinciales, habilita concesiones y redefine el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. No está incluida la transferencia de las rutas nacionales a La Pampa, que había pedido el traspaso con fondos para arreglarlas.
El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck había adelantado más temprano que el Gobierno nacional iba a transferir a un grupo de provincias la operación y el mantenimiento de rutas nacionales. Según dijo, en el caso de Río Negro, la medida va a incluir tramos de las rutas 22 y 151 (que también pasan por La Pampa).
El esquema incluyó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, cuyos gobiernos habían manifestado interés en asumir funciones sobre corredores estratégicos. La iniciativa se apoyó en el concepto de “federalismo operativo” que promovió la actual gestión y llega en el peor momento de la gestión libertaria, atravesada por escándalos de corrupción y por el alza de la inflación y el desempleo.
Concesiones
El decreto a la firma del presidente permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública para la administración, mantenimiento y ampliación de rutas. Estas tareas podrán financiarse mediante el cobro de peajes, bajo reglas fijadas por la legislación nacional vigente.
La normativa deja en claro que el Estado nacional mantendrá la titularidad de los caminos y la jurisdicción federal. El decreto establece que la Dirección Nacional de Vialidad conserva funciones de auditoría y supervisión técnica. Además, determina que cada proyecto deberá ser evaluado en su viabilidad económica y su impacto en el sistema vial nacional. En ningún caso la gestión provincial sobre las rutas podrá exceder los 30 años.
Detrás de la ingeniería administrativa, la medida expuso un movimiento político de Milei para consolidar vínculos con mandatarios provinciales. La cesión de herramientas de gestión apareció como una respuesta a demandas históricas del interior. La política de obra pública cero paralizó la construcción y la refacción de los caminos nacionales a lo largo del país y los gobernadores empezaron a pedir por la administración de esas rutas para volverlas a hacer transitables y prevenir accidentes.
El reclamo es, de hecho, uno de los que más aparecía en las reuniones que los gobernadores vienen sosteniendo con el ministro de Interior, Diego Santilli. A partir de la publicación del decreto, se definirán los tramos a intervenir, los plazos y las condiciones económicas de cada concesión. También se fijarán responsabilidades ante eventuales reclamos.
Según se desprende del texto, las provincias tendrán un año para lanzar licitaciones y 90 días para adjudicar los contratos. En caso de incumplimiento, la delegación caerá automáticamente y la Nación retomará el control.
El pedido pampeano
La Pampa había pedido a Nación, frente a la retención ilegal de fondos y el colapso de esas rutas, que pasaran a control provincial. En ese marco, había reclamado que se hiciera el traspaso con los fondos asignados a través de los impuestos a los combustibles.
Además, días atrás, el gobernador Sergio Ziliotto dijo que la deuda que mantiene el Gobierno nacional con la provincia de La Pampa se debería destinar a la reparación de las rutas nacionales. “El grave y creciente deterioro de las rutas nacionales, que deriva el tránsito y sobrecarga a las provinciales, nos ocupan desde hace mucho tiempo. Ante ello, diseñamos un proyecto de un sistema de gestión vial estratégica para la provincia de La Pampa sobre un conjunto vial de 1400 kilómetros, de los cuales 600 son nacionales, y sobre las cuales circula el 80 % del tránsito vehicular”, resaltó.
