El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, en el marco de las políticas públicas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, expresó su repudio, preocupación y desacuerdo frente a las narrativas que sostienen la supuesta “masividad de falsas denuncias”.
“Este Proyecto de Ley (que avanza en el Senado de la Nación) es congruente con una serie de políticas regresivas llevadas adelante por el Gobierno nacional, con la finalidad de profundizar el recorte de derechos y deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y el debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, expresó en un comunicado el organismo provincial.
La iniciativa, impulsada por la senadora radical Carolina Losada, ya obtuvo dictamen de comisión en el Senado, busca modificar artículos del Código Penal para endurecer sanciones contra la falsa denuncia, el falso testimonio y el encubrimiento en determinados delitos.
Y quienes trabajan en el abordaje de la violencia de género advierten que el proyecto podría tener un efecto diferente al buscado: desalentar a víctimas reales a denunciar por temor a no ser creídas o a enfrentar consecuencias penales si no logran probar los hechos en la Justicia.
Ahora, el gobierno pampeano marcó sus críticas a la iniciativa: “Advertimos que la circulación de estos discursos, carentes de sustento en la evidencia disponible, puede derivar en efectos adversos y regresivos para la protección de derechos. La instalación de la idea de una supuesta generalización de denuncias falsas no solo debilita la confianza en quienes denuncian, sino que además configura un escenario que puede desalentar la búsqueda de ayuda y obstaculizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Lejos de fortalecer las respuestas institucionales, estos enfoques contribuyen a profundizar el silencio, el temor y el aislamiento de las víctimas”.
“Resulta imprescindible recordar que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una grave vulneración de derechos, que se produce en contextos de asimetría de poder, frecuentemente en ámbitos intrafamiliares y en entornos de confianza. La evidencia disponible muestra que la gran mayoría de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas, lo que complejiza los procesos de denuncia y exige respuestas institucionales especialmente cuidadosas, sostenidas y especializadas”, sostuvo el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Del mismo modo, se alertó sobre el impacto que la judicialización y el cuestionamiento hacia profesionales que intervienen en estos casos puede generar: “La deslegitimación de equipos técnicos y de salud mental no solo afecta el ejercicio profesional, sino que debilita dispositivos fundamentales para la escucha, la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes”.
A modo de conclusión, el Ministerio reafirmó el compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen:
•La protección integral de niños, niñas y adolescentes.
•El acceso efectivo a la justicia y a organismos estatales.
•La capacitación permanente de los equipos intervinientes.
•El acompañamiento respetuoso, especializado y libre de violencias institucionales.