El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto para reforzar el principio de derecho de propiedad privada, con el argumento de brindar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que la iniciativa podría agravar la crisis habitacional y derivar en desalojos masivos. El debate en comisión del Senado se reanuda este miércoles.
La propuesta oficial apunta a fortalecer la inviolabilidad de la propiedad, agilizando procesos judiciales para que los dueños puedan recuperar sus inmuebles en plazos más cortos ante ocupaciones o incumplimientos contractuales. Desde el Ejecutivo sostienen que esto generará previsibilidad, incentivará inversiones y ordenará el mercado inmobiliario.
Pero del otro lado, distintas ONG alertan sobre un posible efecto colateral: el debilitamiento del derecho a la vivienda. Señalan que, en un contexto económico complejo, muchas familias podrían quedar expuestas a desalojos sin contar con alternativas habitacionales. Es que al acelerar drásticamente los plazos judiciales permitiría desocupaciones inmediatas (incluso sin sentencia firme) ante ocupaciones o falta de pago. La normativa prioriza el título de propiedad sobre la situación social, habilitando el uso de la fuerza pública y reduciendo las defensas legales de los inquilinos u ocupantes.
“Una legislación que prioriza exclusivamente la propiedad privada, sin mecanismos de contención social, puede profundizar la exclusión”, advirtieron desde organizaciones que trabajan en el acceso a la vivienda y la urbanización de barrios populares.
Entre los principales cuestionamientos, remarcan: que la iniciativa facilitaría desalojos más rápidos ante falta de pago de alquileres; que podría dejar sin protección a familias en situación de vulnerabilidad; que no contempla políticas públicas complementarias, como vivienda social o asistencia estatal; y que criminaliza situaciones de ocupación por necesidad, sin ofrecer soluciones de fondo.
Especialistas también advierten sobre la necesidad de equilibrar derechos. “La propiedad privada es un pilar del sistema legal, pero debe convivir con otros derechos fundamentales”, sostienen, en referencia al acceso a una vivienda digna.
En este escenario, el debate recién comienza y promete escalar tanto en el Congreso como en la sociedad. Mientras el oficialismo defiende la medida como clave para el orden económico, sectores sociales insisten en que, sin un abordaje integral, podría tener consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables.