Un joven de 21 años fue condenado por un caso de robo de 4 vacunos, ocurrido en febrero de este año en un campo del pueblo de Van Praet, en el norte de La Pampa. El fallo fue dictado por el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi.
El imputado, Agustín Emanuel T., recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta por el mismo plazo, según se desprende de la sentencia judicial a la que accedió Diario Textual.
De acuerdo a los hechos fijados en la resolución, el episodio ocurrió antes de la 1 de la madrugada del 12 de febrero de 2026, en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de Van Praet.
Allí, Tassone sustrajo cuatro terneros de unos 100 kilos cada uno, tres machos y una hembra, pertenecientes a un productor rural, Osvaldo P. Para cometer el delito, utilizó una camioneta Toyota Hilux, propiedad del damnificado, que tenía a su disposición como herramienta de trabajo.
El condenado cargó los animales en la caja del vehículo, los ató de sus extremidades y abandonó el predio. Luego pasó a buscar a un coimputado, Juan Emanuel R., en cercanías del acceso a Falucho, y ambos continuaron su marcha por la ruta nacional 188.
Al llegar a la intersección con la ruta provincial 9, los acusados advirtieron un control policial. En ese momento, realizaron una maniobra en “U” y emprendieron la fuga a alta velocidad, lo que desató una persecución.
El seguimiento terminó en la localidad de Maisonnave, donde la camioneta colisionó contra un alambrado. En ese contexto, el acompañante se arrojó del vehículo y logró escapar, mientras que el conductor descendió e intentó huir a pie por un campo.
Sin embargo, luego de desobedecer la voz de alto, fue finalmente interceptado y demorado por personal policial. Los animales sustraídos fueron recuperados y devueltos a su propietario.
El juez consideró a Agustín T. como autor material y penalmente responsable de los delitos de abigeato agravado en grado de tentativa y desobediencia a un funcionario público, en concurso real.
Además de la pena condicional, el magistrado le impuso reglas de conducta por dos años: fijar domicilio, no modificarlo sin autorización judicial, no tener contacto con el damnificado y someterse al control del sistema de ejecución penal.
La sentencia quedó firme en el mismo acto, debido a que las partes renunciaron a los plazos de impugnación.