Un grave episodio generó preocupación en la localidad de Rancul: un alumno de 13 años amenazó de muerte a integrantes del equipo directivo y docentes de una escuela. La situación obligó a una intervención urgente de la Justicia. “Los iba a matar a tiros”, fue la amenaza del estudiante, lo que encendió las alarmas en el ámbito educativo.
En ese contexto, el juez de control Iván Progetti autorizó la realización de allanamientos en los domicilios de los progenitores del adolescente.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la vivienda del padre del adolescente. En ese lugar se hallaron armas largas y cortas de distintos calibres, además de una importante cantidad de municiones. Entre otras, carabinas 22, una pistola y una escopeta.
De acuerdo con la investigación, el hombre se dedicaría a la caza, aunque no contaba con documentación que respaldara la tenencia legal del armamento.
Este hecho se produce en medio de un reto viral que se ha replicado en todo el país: en varias provincias del país se reproduce el juego macabro que prometer masacres escolares. Hay preocupación en las autoridades a partir del ataque concreto que hubo en Santa Fe con un alumno muerto.
Otras amenazas bajo investigación
Fuentes judiciales indicaron que, en paralelo, se investigan situaciones de amenazas en otras localidades de la provincia, entre ellas en colegios de 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de episodios en ámbitos educativos.
El Estado se presenta como querellante
El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, solicitó constituirse como parte querellante en las investigaciones penales iniciadas por amenazas de tiroteos y otros mensajes intimidatorios detectados en establecimientos educativos de distintas localidades.
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, reforzar las acciones preventivas y garantizar que este tipo de conductas no queden sin una consecuencia institucional y judicial.
Desde el Estado provincial fundamentaron la intervención en la necesidad de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo, además de resguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la normativa vigente.
En ese marco, se dispusieron medidas inmediatas de prevención y contención en cada caso detectado. Entre ellas, la suspensión de actividades escolares cuando la situación lo requirió, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos especializados.
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