Dirigentes sindicales del sector energético anunciaron una iniciativa para crear asociaciones de usuarios con el objetivo de defender el acceso a la energía como un derecho humano y mejorar tanto las tarifas como la calidad del servicio.
La propuesta surgió desde la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera), que nuclea sindicatos de electricidad, gas y petróleo, y apunta a involucrar directamente a la ciudadanía en la defensa del servicio.
El dirigente pampeano y titular de la Fetera, Julio Acosta, dijo a Radio Textual que el problema de fondo es el modelo energético vigente y advirtió que “desde las privatizaciones se abandonó el concepto de la energía como derecho y pasó a ser una mercancía”.
Según explicó, esto derivó en un sistema donde el acceso depende del poder adquisitivo, lo que profundiza la desigualdad y deja a cada vez más familias en situación de pobreza energética.
Acosta también cuestionó la calidad del servicio en zonas con empresas privadas y remarcó que los cortes de luz “son reiterados, muy prolongados y afectan a miles de usuarios”, vinculándolos a la falta de inversión.
En esa línea, planteó que es necesario discutir el modelo energético del país y sostuvo que “hay que volver a reestatizar el servicio eléctrico o cooperativizarlo” para garantizar el acceso universal.
La iniciativa de crear asociaciones de usuarios busca justamente fortalecer la participación social en ese debate, incorporar la voz de los usuarios en las decisiones sobre tarifas y calidad del servicio, y presionar por mayores controles e inversiones.
Además, el dirigente remarcó que el movimiento sindical del sector viene “de una etapa de resistencia a las privatizaciones y al desguace del Estado”, y que ese posicionamiento se mantiene hasta la actualidad.
Acosta advirtió sobre el deterioro de los ingresos y la situación social. “Estamos en una situación muy mala en lo social, hay mucha bronca y el gobierno tiene que dar respuestas”, reclamó.
La propuesta apunta a instalar el debate sobre la energía como derecho humano y a sumar a los usuarios como actores centrales en la discusión de un servicio esencial.
