El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa ahora absolvió a los imputados en la causa del prostíbulo Good Night, de la localidad de Lonquimay. La medida beneficia al exintendente Luis Rogers (peronismo), al dueño del local nocturno y a quien era el comisario. Fuentes judiciales dijeron a Diario Textual que los jueces aplicaron la figura de la insubsistencia de la acción penal, aunque los fundamentos se conocerán la próxima semana.
La insubsistencia de la acción penal implica la pérdida de vigencia del proceso por el paso excesivo del tiempo sin una respuesta estatal adecuada. El criterio se sustenta en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y en la dignidad de las personas sometidas a proceso. Para su aplicación se ponderan factores como la inactividad del Estado, la complejidad del caso y la conducta de los imputados.
Los beneficiados por la resolución fueron el exintendente de Lonquimay, Luis Rogers; el dueño del cabaret, Carlos Fernández; y el entonces comisario, Carlos Alanis. En 2017, el mismo tribunal los había condenado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, en octubre de 2019 la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esas condenas al considerar inaplicable la ley utilizada, ya que los hechos eran anteriores a su sanción.
Luego de esa decisión, el Tribunal Oral Federal debía dictar una nueva sentencia con otra integración y bajo la normativa vigente al momento de los hechos. No obstante, los jueces hicieron lugar al planteo de la defensa y declararon la insubsistencia de la acción penal por las dilaciones acumuladas durante el proceso.
La resolución fue firmada por los camaristas federales Simón Pedro Bracco, Julián Falcucci y Alejandro Cabral, quienes fueron designados para intervenir en esta etapa.
El caso se originó a partir de denuncias realizadas entre 2008 y 2009 por irregularidades en el local nocturno Good Night. En octubre de 2009 se concretó un allanamiento en el que rescataron a tres mujeres en situación de vulnerabilidad. La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal subrogante Juan José Baric (hoy juez federal), con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
La causa avanzó con múltiples demoras. Entre los obstáculos, un juez se negó a tomar declaraciones indagatorias a funcionarios públicos al alegar su condición de subrogante. Luego, incluso, luego de concretarse esas indagatorias, se registraron nuevas dilaciones en las resoluciones procesales. Esa situación obligó al Ministerio Público Fiscal a presentar pedidos de pronto despacho y apelaciones para impulsar el expediente, sin lograr evitar el prolongado trámite judicial que finalmente derivó en la absolución. Finalmente llegaron a juicio y fueron condenados en 2017. Pero ahora los absolvieron.