El concejo deliberante de Catriló rechazó este lunes la suspensión de la intendenta Graciela López, luego de tratar los dictámenes de la comisión investigadora que analizó presuntas transgresiones administrativas del Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por los bloques del PJ y el PRO, no alcanzó los votos necesarios.
El episodio se da en un contexto político reciente marcado por lo ocurrido en Santa Isabel, donde el concejo avanzó con la suspensión por 60 días del intendente Guillermo Farana. En Catriló, la oposición intentó un camino similar, pero no logró reunir los dos tercios requeridos.
La comisión investigadora, conformada en octubre de 2025 por tres concejales —uno por cada bloque—, emitió dos dictámenes. El de mayoría, firmado por PJ y PRO, sostuvo que López había incurrido en “faltas graves” y propuso su suspensión en el marco de la ley orgánica de municipalidades y comisiones de fomento. En minoría, el bloque oficialista Comunidad Organizada consideró que se trataba de errores administrativos sin gravedad.
En la votación, el dictamen de mayoría obtuvo cinco votos a favor —Aylén De Beffort, Juan Cruz Balanho y Verónica Tineo por el PJ, junto a Susana Vázquez y Bautista Cestac por el PRO— y tres en contra —Mario Motzo, Fátima Capdevilla y Celis Martínez por el oficialismo—. La iniciativa necesitaba seis votos para ser aprobada, por lo que quedó descartada.
El concejal Mario Motzo defendió la postura del oficialismo y afirmó que las observaciones planteadas por la oposición no constituían delitos ni faltas graves. “Las cuestiones que ellos consideran transgresiones o irregularidades, para nosotros son administrativas y no afectan fondos públicos”, señaló en declaraciones a La 5 Noticias.
Entre los puntos cuestionados, mencionó el uso de fondos del plan Mi Casa del IPAV para el pago de salarios. Indicó que esa práctica está contemplada en el artículo 70 de la ley 1597, aunque admitió que no se informó al concejo en su momento.
También rechazó las críticas sobre compras directas y sostuvo que la dinámica municipal exige respuestas inmediatas. “No se puede frenar la municipalidad quince días para que el concejo autorice la compra de un repuesto y dejar una máquina parada”, argumentó.
De esta manera, a diferencia de lo ocurrido en Santa Isabel, en Catriló la alianza entre PJ y PRO no logró avanzar con la suspensión de la intendenta, en un escenario atravesado por fuertes diferencias políticas sobre la interpretación de las irregularidades detectadas.