A través de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, el presidente Javier Milei ingresó un recurso extraordinario con efecto suspensivo contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, de fecha 6 de abril de 2026, sobre la ley de emergencia en discapacidad.
En los fundamentos se plantea que el cumplimiento demandaría 3 billones de pesos (0,35% del PBI), lo que provocaría un desequilibrio fiscal que pondría en crisis la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social.
Y expresa que se vería obligado a paralizar funciones estatales básicas y pone como ejemplo que eso llevaría a desfinanciar el patrullaje de las fuerzas federales, la provisión de alimentos en cárceles, programas de salud pública como el PACBI —dirigido a personas que padecen patologías de alto costo y baja incidencia, que necesitan medicamentos y tratamientos costosos—, y el suministro de medicamentos.
“El Gobierno nacional le dice a la Corte que invertir en este sector implicaría sacar a otros; o sea, habría que desnudar a unos para vestir a otros. Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”, criticaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y añadieron: “El cumplimiento de la ley, según el Gobierno, produciría que la población en general se quede sin la protección de las fuerzas federales por culpa de la atención de las personas con discapacidad; que las personas que viven en las cárceles sean privadas del alimento por ellas; que quienes padecen graves patologías no reciban su tratamiento y su medicación por ellas; y que se vea afectado el suministro de medicamentos por culpa del interés egoísta de la población con discapacidad”.
“La Procuraduría ha sido astuta al buscar enfrentar a la población argentina: menos seguridad, menos medicamentos, menos atención, menos alimentación para algunos, a costa del bien de otros, de las personas con discapacidad. Este Gobierno nacional -remarcaron desde el Foro- ha preferido suspender la ley de emergencia en discapacidad, votada por los representantes del pueblo, en vez de buscar qué ámbitos podrían ser tocados sin quitar necesidades básicas. Para que las personas con discapacidad tengan una vida digna, hay que hacer un país menos seguro y empobrecer a algunos”.
“Señores ministros de la Corte, les pedimos que tengan en cuenta lo dicho y que este recurso extraordinario no siga adelante, porque darle continuidad sería dejar sin atención a las personas con discapacidad y, a su vez, permitir que se imponga el planteo del Gobierno de que no queda otra salida más que quitar a unos lo básico para que otros tengan una mejor vida. No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan. Mientras nos quieren llevar por este camino, hay varios que siguen nadando en la riqueza, con negocios que producen de manera exorbitante. Les rogamos que hagan ver a este gobierno que existen alternativas para dar respuesta a esta situación sin afectar derechos básicos”, concluyeron.
La Cámara Federal de San Martín ratificó el mes pasado la vigencia y aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), desestimando los intentos del gobierno de Javier Milei por suspenderla.
El fallo, emitido en torno al 6 de abril, obliga al Ejecutivo a implementar la norma, que busca garantizar prestaciones y pagos, argumentando la necesidad de frenar la crisis del sector.