Se conformó un plenario con las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, presididas por Andrea Valderrama, Daniel Lovera y Laura Trapaglia, respectivamente, para tratar una serie de proyectos que tienen como fin modificar la ley de normas para el fraccionamiento de predios rurales.
Fueron invitados para debatir el proyecto la presidenta del Colegio de Escribanos, Claudia Picco; el presidente del Colegio de Agrimensores, Rodrigo Bajo; el tesorero de la misma entidad, Guillermo Arheix; el dirigente de la Federación Agraria, Ulises Forte; el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Ignacio De La Iglesia; y el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Pedro Goyeneche.
En el marco del tratamiento de las iniciativas, el presidente del Colegio de Agrimensores, Rodrigo Bajo, manifestó el acompañamiento de la entidad a los proyectos en discusión y destacó la necesidad de adecuar la legislación a las condiciones actuales. “Apoyamos el cambio de esta ley en un marco que ya es de vieja data y no se amolda a la realidad”, sostuvo, al tiempo que señaló que la normativa vigente presenta dificultades concretas en su aplicación.
En ese sentido, dijo que desde el colegio reciben de manera constante consultas vinculadas a situaciones de copropiedad. “Vemos continuamente casos y consultas de condóminos, hermanos, primos, tíos, todo mezclado, que se quieren dividir y no pueden”, resaltó.
Bajo advirtió además sobre las consecuencias que genera esta situación. “En muchos casos, estas dificultades derivan en decisiones desfavorables para los propietarios”, dijo. “Terminan vendiendo, mal vendiendo; se termina, por ahí, no sé si en todos los casos, pero viene alguien de afuera, que generalmente o muchas veces no es de la provincia, y terminan comprando esas grandes extensiones”.
Finalmente, remarcó el impacto social de este proceso. “Esa gente que por ahí es comprovinciana nuestra, termina vendiendo su campo, que es una herencia familiar, desarraigándose. Entonces, por ahí vemos positivo el avance de la iniciativa”, dijo.
El diputado Ortiz tomó la palabra y remarcó que, si bien el concepto aún se mantiene vigente, las condiciones han cambiado. “Ni el campo, en términos de producción, es el que era hace 50 años o más, ni tampoco la familia”, dijo. “Estas superficies se determinan en función de la calidad del suelo, del clima, del régimen pluvial y demás, cotejándolo con las actividades normales o racionales de la zona, y que a la vez eso sea posible para una familia que logre su sustento”.
A partir de ese diagnóstico, el legislador sostuvo que la normativa actual ha quedado desfasada. “Lo que proponemos es suspender esa ley porque para nosotros ya no puede aplicarse, y porque la realidad marca que no está funcionando; la realidad es completamente distinta”, dijo.
En relación a una de las propuestas, indicó que se tomó como referencia la experiencia de otras jurisdicciones. “Fue una toma de un proyecto que está vigente en la provincia de Santa Fe, donde el abordaje del tema fue transversal a los partidos políticos y permitió sancionar normas con amplio consenso”.
Finalmente, planteó la necesidad de generar una instancia de seguimiento y revisión. “La idea es que se termine resolviendo en cinco años, diez años o dos años, pero que durante ese trayecto se arme un observatorio, el cual tendría como funciones monitorear el funcionamiento de esta ley y trabajar en redefinir una nueva unidad económica para la provincia de La Pampa”, dijo.
El representante de la Federación Agraria Argentina, Ulises Forte, brindó su posicionamiento y remarcó la necesidad de avanzar en soluciones concretas ante una problemática histórica.
“Sin duda que la Federación Agraria nos podría llegar a aburrir con el tema del uso y tenencia de la tierra, es nuestro tema, nacimos por eso hace ciento y pico de años (…) peleando por el uso y la tenencia de la tierra”, expresó. En ese sentido, recordó que el debate ha evolucionado con el tiempo. “Hoy se discute mucho más el uso que la tenencia en sí misma, en un contexto donde gran parte de la agricultura se hace sobre campos arrendados”.
Forte advirtió que se trata de una problemática que atraviesa generaciones y que impacta directamente en las familias rurales. “Yo hago una reunión de la Federación Agraria y el 90% lo vivió o lo está padeciendo”, afirmó, al tiempo que señaló que las dificultades en torno a la tierra derivan en conflictos familiares y limitaciones económicas. “Se puede imaginar que si terminamos todos los primos peleados por Navidad, ¿quién va a firmar solidariamente la hipoteca del campo o del condominio?”.
En ese marco, planteó el dilema histórico dentro de la entidad. “¿Vamos por el todo o vamos por algo? El ideal sería reunificar las unidades económicas, aunque no estamos discutiendo lo ideal, estamos discutiendo lo posible”.
Asimismo, sostuvo que la fragmentación de la tierra no necesariamente genera más productores. “No piensen que porque 200 hectáreas se parta en cuatro, va a haber más productores… No va a haber cuatro productores nuevos, con 50 hectáreas no se va a sobrevivir. La unidad económica es muy elástica”, cerró Forte.
En tanto, el representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Pedro Goyeneche, valoró la instancia de participación y planteó la necesidad de continuar el análisis en mayor profundidad. “No tuve la suerte de ser propietario, pero he sido muchos años productor”, expresó al inicio de su intervención, y agradeció la convocatoria. En ese sentido, solicitó que el debate no se agote en una única instancia. “Quiero pedir que esto no se termine hoy; no se puede agotar el tema en esta reunión porque es muy breve. Hay muchas cosas que merecen un intercambio mucho más profundo. Estamos dispuestos a colaborar”.
Goyeneche señaló que la problemática en discusión es estructural. “Yo creo que el problema de las unidades económicas es un problema”, dijo. “Las familias crecen mucho más rápido que los campos”.
En relación a las iniciativas en análisis, consideró que, si bien existe voluntad de avanzar, las soluciones planteadas tienen limitaciones. “Creemos que hay buena voluntad en los proyectos en solucionar un problema, pero también tenemos que advertir que es un parche”, dijo.
En esa línea, cuestionó la viabilidad de las propuestas que contemplan la suspensión de la normativa vigente. “Algunos proyectos hablan de una suspensión de la ley 468, por dos años, por cinco, no importa; ¿quién dentro de dos o cinco años va a decir ‘hasta acá y volvamos a lo que regía hace cinco años’? Sabemos que es muy teórico”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre las consecuencias del fraccionamiento de la tierra. “Muchos proyectos hablan de la concentración de la tierra. Yo creo que el fraccionamiento sin límites va a una concentración mayor”, sostuvo, y explicó que la sustentabilidad productiva es un factor clave. “Si alguien tiene 500 hectáreas y pasan a ser seis o siete fracciones de 70 u 80 hectáreas, eso es imposible que sea sustentable”, dijo.
Por último, remarcó las dificultades que enfrentan los productores en ese contexto. “Se te va entre las manos esa idea porque no tenés posibilidad económica de que sea productivo y sustentable en una superficie de 70 hectáreas”, concluyó.