En Gobierno enviará en junio al Congreso un proyecto de ley de desregulación inmobiliaria que apunta a bajar los costos de construcción y garantizar un mayor acceso a la vivienda.
La iniciativa impulsa la eliminación de la obligación de una matrícula en un colegio profesional y la supresión de aranceles mínimos que operan como honorarios obligatorios, entre otros puntos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó.
Además, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en transformar los colegios inmobiliarios en entidades voluntarias. De este modo, la colegiación dejaría de ser un requisito excluyente y se convertiría en una opción para los profesionales del sector. Esta modificación busca dejar atrás el paradigma vigente, donde la matriculación y la afiliación a un colegio profesional resultan condiciones indispensables para operar en el mercado formal.
Esta transformación habilitaría la entrada de nuevos proveedores de servicios de intermediación, lo que permitiría bajar los costos y fomentar la competencia en el sector.
El proyecto del Gobierno también plantea el fin de la restricción geográfica para operar en distintas jurisdicciones. Hoy, los corredores deben matricularse en cada provincia donde desean trabajar, lo que limita la movilidad y encarece los costos. Se buscará habilitar la libre circulación y el ejercicio profesional a nivel nacional.
La ley propondrá además que se puedan acordar comisiones fijas, tarifas reducidas o incluso eliminar la comisión en determinadas operaciones. Con ello, el costo de intermediación dejaría de ser una obligación y pasaría a ser opcional para el usuario. Lo que en la visión del Gobierno abriría la puerta a modelos proptech y plataformas digitales, que podrían competir en condiciones de igualdad con los corredores tradicionales.