Una funcionaria provincial, que fue fundadora y ahora colabora en una reconocida ONG santarroseña, no podrá participar más de decisiones vinculadas a estas asociaciones. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) confirmó que existen “conflictos de intereses” y recomendó que María Marta Viglino, subdirectora general de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Niños sin Cuidados Parentales de la Dirección General de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, deberá abstenerse de intervenir en actuaciones, tomar decisiones o participar de cualquier manera en cuestiones vinculadas con la Fundación Wetraché y otras asociaciones u ONG relacionadas con el Estado provincial. Desde Casa de Gobierno, al tomar conocimiento de la resolución, dijeron que -por decreto 37/26, aunque aun no está publicado en el Boletín Oficial- le fue aceptada la renuncia a Viglino el 31 de enero.
“Al final yo tenía razón”, dijo la diputada radical Gisela Cuadrado, quien había denunciado a Viglino ante la FIA, en declaraciones a Diario Textual.
La resolución también recomendó a Viglino que deje de participar como colaboradora de la fundación mientras continúe en funciones dentro de la administración pública provincial.
Además, la FIA recomendó al Ministerio de Desarrollo Social que intime a la agente Alicia Beatriz Rodríguez a cesar en su función como secretaria de la Fundación Wetraché, debido a su condición de empleada estatal.
Dos presentaciones
La FIA analizó el caso a partir de dos presentaciones por presuntas incompatibilidades en el cargo de Viglino y de otros integrantes de la fundación que, según se indicó, estaban “a ambos lados del mostrador”: una del Tribunal de Cuentas de La Pampa, que puso la lupa sobre el manejo de fondos de la ONG y las incompatibilidades de Viglino, y otra de la diputada Cuadrado.
Ahora, según la documentación a la que accedió Diario Textual, la resolución fue firmada por la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero. “Corresponde considerar que se ha configurado un conflicto de intereses que, en el marco normativo provincial, puede fundarse tanto en las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo, al regular el deber de abstención, como en el artículo 6 de la Ley 1.252 y en los principios y lineamientos establecidos por las convenciones de lucha contra la corrupción, la propia Constitución provincial y demás normas citadas”, sostuvo la fiscal.
En su momento, Cuadrado denunció a la subdirectora de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por integrar la Fundación Wetraché, entidad que recibe fondos del ministerio al que pertenece la funcionaria.
Viglino fundó Wetraché hace unos 20 años. Desde que asumió como funcionaria provincial, dejó un cargo en el consejo de dirección y pasó a desempeñarse únicamente como colaboradora.
Sin embargo, la incompatibilidad resulta difícil de desmentir: la funcionaria cumple tareas de contralor respecto del funcionamiento de instituciones vinculadas con la niñez. Es decir, las funciones de la subdirectora tienen injerencia directa sobre la institución de la que no solo es colaboradora, sino además cónyuge de su presidente, Juan Carlos Oliver Molina. Además, uno de sus hijos también integra la conducción de la ONG.
En la resolución emitida este miércoles, la FIA también destacó la necesidad de revisar incompatibilidades, funciones administrativas y mecanismos de control dentro de la estructura estatal, especialmente en áreas vinculadas a convenios y subsidios.
La palabra de Cuadrado
La legisladora recordó que desde el inicio el planteo no estuvo dirigido contra las organizaciones sociales ni contra las políticas vinculadas a la niñez y adolescencia, sino orientado a garantizar reglas claras, supervisión efectiva y resguardo de la confianza pública.
“La resolución demuestra que la denuncia tenía fundamentos sólidos y confirma la importancia del control institucional para proteger la transparencia en el manejo de recursos públicos”, sostuvo Cuadrado.