El Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, al considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. Luego de conocerse la sentencia, la familia Macarrón-Dalmasso no pudo contener la emoción y se fundió en un abrazo.
La decisión se conoció este miércoles 6 de mayo pasadas las 22 horas, tras escuchar los alegatos de las partes. En esa instancia, la fiscal general adjunta Betina Croppi había solicitado la remoción de los tres funcionarios y sostuvo que las irregularidades en la causa “están probadas”.
Durante su exposición, la acusación fue contundente: aseguró que el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.
Para Croppi, la investigación estuvo marcada desde el inicio por decisiones que desviaron el foco. Señaló que se construyeron hipótesis sin sustento y que, en cambio, se ignoraron elementos que podían haber orientado la pesquisa hacia el autor material.
Uno de los puntos centrales del jury fue el tratamiento del ADN masculino detectado en la escena a partir de un informe del FBI. Según la acusación, esa evidencia no fue debidamente aprovechada durante años, pese a que podía conducir a un sospechoso concreto.
La fiscal también cuestionó el rumbo inicial de la causa, que —según sostuvo— se centró en aspectos vinculados a la vida privada de la víctima. En ese sentido, afirmó que desde la fiscalía se impulsó la hipótesis de un “amante asesino” y se difundieron versiones que terminaron afectando la imagen de Nora Dalmasso. “Se alimentó la narrativa de mujer promiscua”, apuntó.
En relación con los tres fiscales, la acusación trazó responsabilidades diferenciadas. Sobre Di Santo, quien llevó adelante la investigación durante los primeros años, se cuestionó no haber profundizado las sospechas sobre Bárzola, pese a que había indicios tempranos sobre su presencia en la escena.
Además de cuestionar su desempeño durante la etapa investigativa, Croppi repudió las diferentes narrativas que impuso sobre el móvil del crimen. Mientras que condenó el hecho de que la víctima fuera tildada como una mujer promiscua que había engañado a su esposo, también criticó las acusaciones infundadas en contra de su hijo, Facundo Macarrón, que resultó expuesto por su orientación sexual.
“Se construyó una teoría casi novelesca de un descendiente que viajaba, abusaba de su madre y la mataba, motivado por un conflicto de identidad sexual”, expuso la fiscal. Un recuerdo que hizo brotar las lágrimas de la hija de Nora, Valentina Macarrón, quien se encontraba sentada a la izquierda de su hermano. Del otro costado, su padre acompañaba en la escucha del alegato.
En el caso de Miralles, se criticó la insistencia en investigar al entorno familiar, en particular al viudo Marcelo Macarrón, una línea que finalmente no pudo sostenerse con pruebas firmes.
Respecto de Pizarro, la acusación sostuvo que elevó la causa a juicio con una hipótesis —la de un crimen por encargo— que no contaba con respaldo probatorio suficiente y que no logró ser sostenida durante el debate oral. Además, la fiscal cuestionó que nunca hubiera sumado el delito por abuso sexual, pese a que había reconocido que la víctima había sido ultrajada.
“Fue un manual de como no investigar un caso de violencia de género”, sentenció Croppi, tras hacer mención al trabajo que realizaron Miralles y Pizarro cuando estuvieron al frente de la causa. Y, en referencia a los tres, aseveró que todos prefirieron condenarla moralmente a investigar cuáles habían sido las circunstancias reales en las que fue asesinada.
Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no existió negligencia ni mal desempeño. Argumentaron que las decisiones adoptadas se basaron en la valoración de la prueba disponible en cada momento y en la complejidad de un caso atravesado por múltiples hipótesis y limitaciones probatorias.
También señalaron que el jury no es la instancia para determinar quién fue el autor del crimen y advirtieron sobre el riesgo de analizar la actuación de los fiscales con el diario del lunes, a partir de información que surgió años después. Asimismo, plantearon que todavía Bárzola no había sido condenado como el autor del crimen de Nora Dalmasso.
Al momento de esbozar sus últimas palabras, Di Santo aseguró haber trabajado “con entereza y respeto” durante sus 38 años de desempeño y negó haber tenido algún tipo de sesgo político y/o de género. “Después de este proceso sigo con la conciencia tranquila porque sé por qué tomé cada decisión”, sostuvo al hacer mención de que siempre buscó hacer cumplir la ley.
Por su parte, Miralles se disculpó con la familia Macarrón-Dalmasso. “Me manejé siempre con el mayor de los respetos”, expresó al argumentar que había tomado la decisión de investigar al círculo más cercano, debido a que habían pasado diez años del crimen y no había pruebas certeras.
“Niego rotundamente haber incurrido en mal desempeño o negligencia”, reiteró el ex fiscal. De la misma manera, indicó que nunca había surgido la sospecha por sobre Bárzola, por ese entonces. Incluso, reiteró que había pruebas “contundentes” que lo habían dirigido a investigar a la familia.
El proceso de enjuiciamiento, que se desarrolló en la Legislatura de Córdoba desde el 21 de abril, analizó durante semanas el desempeño de los tres funcionarios a lo largo de casi dos décadas de investigación. Declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y miembros de la familia de la víctima.
El tribunal encargado de dictar el veredicto estuvo integrado por la presidenta del jury y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa, Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.
La resolución del tribunal no abordó la autoría del homicidio —una causa que además se encuentra prescripta—, sino que se limitó a evaluar la conducta de los fiscales durante la instrucción.