Un grupo de afiliados y simpatizantes del peronismo de Santa Isabel envió una carta al gobernador Sergio Ziliotto en la que expresó su respaldo al intendente desplazado Guillermo Farana y denunció públicamente que dirigentes del gremio de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), conducido por el exdiputado provincial y aliado político del mandatario, Jorge Lezcano, colaboró en las acciones que derivaron en la crisis institucional del municipio.
El viernes 17 de abril, el concejo deliberante de Santa Isabel resolvió conformar una comisión investigadora para analizar posibles irregularidades administrativas y financieras y, posteriormente, suspender por 60 días al intendente Farana. El control de la intendencia lo tomó la vice, María Elizabeth Cabral.
En la nota, dirigida directamente a Ziliotto, los firmantes aseguraron que acompañaron “desde el año 2019” el proyecto político provincial y destacaron distintas obras ejecutadas en Santa Isabel durante la actual gestión provincial, entre ellas la finalización del hospital local, la construcción de viviendas y obras de infraestructura. “Hemos sido testigos del crecimiento de nuestro pueblo gracias al aporte del Gobierno Provincial”, sostuvieron. También remarcaron “la inminente culminación” de 30 viviendas y la concreción de cerca de 100 casas durante su gestión.
Sin embargo, el eje central del documento apunta contra sectores internos del peronismo local y contra Upcn. Según denunciaron, “algunos integrantes de la Unidad Básica -incluyendo a su presidenta y miembros de lista- no solo han acompañado, sino que han sido parte activa del quite de colaboración impulsado por trabajadores municipales junto al gremio UPCN”. Concretamente, sin nombrarlos, le apuntaron a los dos delegados de este gremio.
Además, afirmaron que en esas protestas se utilizaron “elementos propios de la Unidad Básica (bombos, redoblantes, entre otros)” y señalaron que existió una maniobra coordinada para desestabilizar al Ejecutivo municipal.
“El Concejo Deliberante avanzó en la toma del edificio municipal en un momento de baja presencia de personal, configurando un accionar claramente coordinado y orientado a desestabilizar la gestión”, expresaron.
Los firmantes defendieron además la actuación de Farana en medio del conflicto político e institucional. Indicaron que el jefe comunal había ofrecido instancias de diálogo y mecanismos de control sobre las cuentas municipales.
“El intendente había manifestado públicamente su disposición al diálogo, incluso ofreciendo la intervención de un contador para la revisión de las cuentas municipales, así como también la participación de los concejales en el cierre de cajas y verificación de las cuentas junto a la Secretaría de Finanzas”, señalaron.
En otro tramo del documento cuestionaron duramente a los abogados Raúl Quiroga y Carina Errecoundo. “Lejos de cumplir un rol institucional, han intervenido activamente en contra del municipio con una actitud abiertamente hostil y parcial”, sostuvieron.
Finalmente, los afiliados y simpatizantes ratificaron “de manera clara y contundente” su respaldo al intendente desplazado. “Santa Isabel creció, y Guillermo Farana ha gestionado de la mejor manera posible para el desarrollo de la localidad, dando respuestas concretas y mejorando la calidad de vida de los vecinos”, afirmaron.
También sugirieron sanciones a la vice y otros dirigentes del peronismo. En ese marco, reclamaron al gobernador que se adopten “las medidas políticas y partidarias correspondientes para ordenar esta situación” y “esclarecer responsabilidades y garantizar el respeto a la institucionalidad democrática y a la voluntad popular” en el pueblo.