Representantes de organizaciones ambientalistas nacionales afirmaron en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) que la demanda colectiva presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa contra la reforma de la Ley de Glaciares constituye una acción “inédita” y “la más grande de la historia” argentina en defensa del agua, con el respaldo de 850 mil firmas de ciudadanos de todo el país.
En la charla “Glaciares, por nuestro futuro, intocables. Agua y minería” disertaron, entre otros, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La jornada comenzó a las 17 con una conferencia de prensa en el tercer piso de la UNLPam y continuó a las 18.30 con la charla abierta en el salón del Consejo Superior de la casa de estudios.
Durante la actividad, los referentes explicaron que la presentación judicial fue impulsada por organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y Greenpeace Argentina para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso nacional y pedir la suspensión inmediata de su aplicación. “Un conjunto de organizaciones, entre las que estamos aquí los presentes, más Greenpeace Argentina y un conjunto de asambleas de todo el país, hemos presentado ante la Justicia Federal de La Pampa una acción colectiva en defensa de los glaciares y planteando la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso”, señalaron.
Los ambientalistas sostuvieron que existe un “peligro inminente” de que comiencen actividades que afecten zonas glaciares y periglaciares. “Si afectan los glaciares, afectará la naciente de los ríos y muchas provincias que no son aquellas en las que están las inversiones mineras pueden sentirse afectadas”, advirtieron.
“Esperamos, por supuesto, una respuesta consistente del Juzgado Federal de La Pampa, en virtud de que la ley es abiertamente inconstitucional”, contaron.
-¿Cuál es la diferencia con respecto a la presentación que hizo la Provincia de La Pampa, junto a la UNLPam y dos organizaciones defensoras de los ríos pampeanos?
-Nosotros lo hacemos desde la sociedad civil, junto a organizaciones de todo el país y también con el acompañamiento -y esto es algo inédito- de 850.000 personas. Es decir, es la demanda colectiva por el agua más grande de la historia y desde ese lugar lo hacemos, ante la Justicia Federal, donde estamos pidiendo que se resguarde donde nacen los ríos de nuestro país. Es una reforma manifiestamente inconstitucional y que pone en peligro inminente el agua, nada más y nada menos que eso. Y es complementaria a la acción de la provincia y van a actuar en conjunto, por supuesto, pero tienen sus particularidades. Nosotros estamos muy expectantes de lo que haga la Justicia Federal, donde hay cientos de miles de personas, literalmente, mirando y confiando en las instituciones. Confiando en que se pueda restablecer la Constitución, porque lo que estamos denunciando es cómo esta reforma violó nuestra Carta Magna.
-¿Dónde reside la inconstitucionalidad?
-Viola la Constitución en varios aspectos. En primer lugar, es regresiva ambientalmente; es decir, retrocede en protección ambiental. Y, en segundo lugar, fundamentalmente, porque viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental. Esta reforma destruyó la columna vertebral de todo el sistema normativo ambiental de nuestro país.
Reunión con Ziliotto
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recibió este miércoles a los disertantes de la charla “Glaciares, por nuestro futuro, intocables. Agua y minería”.
Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones ambientales y sectores académicos en defensa de los recursos naturales y del patrimonio hídrico. “Compartimos el objetivo común de proteger el ambiente para las futuras generaciones”, aseguró el gobernador, en línea con las acciones que La Pampa viene impulsando para defender sus recursos hídricos y promover políticas de preservación ambiental.
Participaron de la reunión el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale; el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli; la integrante de la Organización Ambientalista del Agua Pura de Mendoza, Elsa Díaz; la investigadora pampeana Beatriz Dillon; por la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez y Norma Araujo; por la Asociación Alihuén, que integra Greenpeace, Leandro Altolaguirre; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y la fiscal de Estado, Romina Schmidt.
“Existe una responsabilidad colectiva de proteger el patrimonio ambiental y garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones. En ese camino, La Pampa mantiene una posición firme en defensa de sus recursos hídricos”, dijo Ziliotto.
La defensa de la Ley de Glaciares derivó en dos presentaciones judiciales radicadas en el Juzgado Federal de Santa Rosa.
Por un lado, el Gobierno de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, promovieron un amparo colectivo ambiental contra la modificación de la norma.
En paralelo, organizaciones ambientalistas nacionales como Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsaron otra acción colectiva con adhesiones de ciudadanos y entidades de distintos puntos del país, en rechazo a los cambios introducidos en la legislación de protección de glaciares.
Apelación
Este martes 12, el Estado provincial, junto con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó un recurso de apelación contra el rechazo de la medida cautelar dispuesto por el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la demanda vinculada a la reforma de la Ley de Protección de Glaciares. La presentación será elevada a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca para su tratamiento.
La Pampa pretende que los cambios a la ley sean declarados inconstitucionales. La preocupación es que, con la reforma, se avance con proyectos mineros o hidrocarburíferos en zonas glaciares o periglaciares, que podrían afectar el caudal o contaminar el río Colorado, del que se abastece el 70 por ciento de los pampeanos.
Recientemente, el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó el pedido para suspender la aplicación de la nueva Ley de Glaciares aprobada por el Congreso nacional, pero, paralelamente, declaró formalmente procedente el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional. De esta manera, la reforma no fue suspendida, aunque se analizará si es inconstitucional o no.
La apelación del Gobierno pampeano, la UNLPam y las ONG sostiene que el rechazo de la cautelar incurre en un “error sustancial” porque omitió analizar el caso desde una perspectiva ambiental y no aplicó principios propios del derecho ambiental, como el principio precautorio, el de prevención y el de no regresión.
Las entidades cuestionaron además que la resolución judicial haya utilizado jurisprudencia y criterios que consideran ajenos al carácter ambiental de la demanda.
En la presentación, los demandantes reafirmaron una “posición institucional firme” al señalar que, cuando están en juego el agua, el ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras, el Estado debe utilizar todas las herramientas legales disponibles para evitar retrocesos en materia ambiental.
Interpretación “inadecuada”
También sostuvieron que el juez Baric realizó una interpretación “restrictiva e inadecuada” del requisito referido al peligro en la demora. En ese sentido, argumentaron que, luego de la entrada en vigencia de la nueva normativa sobre glaciares, el riesgo no radica únicamente en la existencia de un daño ambiental ya consumado, sino en la posibilidad de que se habiliten futuras autorizaciones, actividades o intervenciones bajo estándares de protección más débiles que los vigentes hasta ahora.
Según indicaron, esas autorizaciones podrían derivar en daños ambientales de difícil o imposible remediación una vez producidos.
Por ese motivo, cuestionaron que el fallo exija demostrar un perjuicio inmediato, consumado e individualizado para considerar acreditado el peligro en la demora. Advirtieron que, de mantenerse ese criterio, una eventual sentencia definitiva podría llegar cuando los daños ya se encuentren consolidados o sean materialmente irreversibles.
Las entidades también rechazaron el criterio del juez respecto de la falta de verosimilitud del derecho invocado en la demanda.
En ese punto, señalaron que la reforma reduce el alcance de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, debilita el rol técnico-científico del Inventario Nacional de Glaciares, relativiza la función del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y amplía los márgenes de discrecionalidad para autorizar actividades potencialmente perjudiciales para el ambiente.
“No se está frente a una mera discrepancia política con la reforma”, remarcaron en la apelación, donde sostuvieron que existe un contraste concreto entre el régimen anterior, basado en una tutela ambiental uniforme y nacional, y el nuevo esquema, que descentraliza aspectos centrales de la protección ambiental.
En el recurso, las partes insistieron en que la cautelar busca suspender la aplicación de la reforma, impedir el dictado o ejecución de actos administrativos sustentados en el nuevo régimen y mantener vigente, hasta que exista una sentencia definitiva, el sistema de protección establecido por la Ley 26.639.
En esta nueva etapa judicial, el objetivo planteado es que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revise el rechazo de la cautelar y disponga medidas de protección urgentes mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Qué dijo el juez
El juez Baric consideró la semana pasada que no estaban acreditados los requisitos necesarios para una medida cautelar. Entre otros puntos, el magistrado sostuvo que no existe, por ahora, una demostración suficiente de un daño ambiental concreto e inminente; afirmó que la ley fue impugnada “en abstracto”; y también señaló que los demandantes no identificaron proyectos mineros concretos ni glaciares específicos afectados por la reforma legal.