El especialista en temas eléctricos y exintegrante del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, Carlos Ciapponi, cuestionó en Radio Textual la venta del paquete accionario estatal de Transener y aseguró que el Gobierno nacional avanza en una privatización “estratégica” para “recaudar dólares frescos y pagar deuda”. También alertó por posibles incompatibilidades con la legislación vigente.
Ciapponi analizó la decisión del Gobierno de Javier Milei de vender la participación accionaria estatal en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, y advirtió sobre las consecuencias de dejar “totalmente en manos privadas” un sector estratégico del sistema eléctrico argentino.
Según detalló, las acciones que pertenecían a Citelec fueron adjudicadas a un grupo privado integrado por Edison y Geneia.
Ciapponi señaló que el resto de las acciones ya estaba en manos privadas, principalmente de Pampa Energía, por lo que con esta operación “el paquete accionario total de la empresa transportista queda en manos privadas”.
El especialista cuestionó el sentido de la decisión oficial y recordó que Transener “hace muchos años que da resultados positivos desde el punto de vista económico”.
“Es cierto que hay dificultades operativas o técnicas, pero siempre tuvo resultados positivos aun con el 50% de las acciones en manos del Estado”, sostuvo.
Lejos de dar pérdida
Además, indicó que antes de la venta hubo fuertes incrementos en las tarifas del transporte eléctrico. “El Gobierno fue incrementando de manera notoria e importante la tarifa que pagamos todos los argentinos para tener el transporte de energía”, afirmó. Y agregó: “Si antes tenía resultado positivo y ahora aumentaron las tarifas, se confirma todavía más que estamos entregando acciones de una empresa que lejos está de dar pérdidas”.
Para Ciapponi, el objetivo principal de la operación es financiero. “La intención es recaudar dólares frescos para pagar deuda. Ese dinero no se va a reinvertir en el sistema eléctrico argentino”, aseguró.
El especialista relativizó la posibilidad de que la privatización genere mejoras técnicas o mayores inversiones. Explicó que la titularidad de las líneas sigue siendo del Estado nacional y que las grandes obras de ampliación “más tarde o más temprano tienen que ser cubiertas por el Estado”.
Incomptabilidad legal
Otro de los puntos que remarcó Ciapponi fue una posible incompatibilidad legal de las empresas adjudicatarias. Según explicó, la Ley 24.065 prohíbe que una misma firma participe de distintos escalones consecutivos de la cadena eléctrica: generación, transporte y distribución.
“En este paquete adjudicado nos encontramos con Geneia, que es generadora, y Edison, que además de participar en generación ya es dueña de distribuidoras eléctricas”, señaló. Y concluyó: “Es una situación que va en contra de la legislación vigente y de la Constitución”.
