El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas. De todas maneras, pese al principio de acuerdo, las instituciones educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.
La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.
Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.
Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Las universidades siguen en estado de alerta. La semana que viene la docencia universitaria hará una huelga de cinco días consecutivos que estará acompañada por un cronograma de movilizaciones callejeras coordinado junto al Frente Sindical Universitario. El 16 habrá una movilización general hacia las puertas del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
La Conadu anunció además que radicó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la administración del presidente Javier Milei. La presentación fundamenta que el Estado argentino incurre en una flagrante violación de los convenios colectivos al negarse a convocar a mesas de negociación paritaria obligatorias, al tiempo que denuncia la aplicación de prácticas y acciones antisindicales implementadas desde el Ejecutivo con el propósito explícito de limitar y criminalizar el derecho constitucional a la huelga.