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Mientras la docencia universitaria prepara una semana de paro, los rectores negocian con el Gobierno

10 de junio de 2026
Mientras la docencia universitaria prepara una semana de paro, los rectores negocian con el Gobierno

Mientras la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se prepara para el paro nacional de una semana que iniciará el martes 16 y terminará el sábado 20 de junio, los rectores de las universidades nacionales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mantienen negociaciones con el Gobierno nacional para intentar destrabar el conflicto por el financiamiento universitario.

Las conversaciones incluyen una propuesta oficial de recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes, refuerzos para gastos de funcionamiento, becas, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios.

Sin embargo, los rectores aclararon que, aun si se firma el acuerdo, no retirarán la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La principal diferencia entre ambas partes es que la Casa Rosada pretende que las universidades desistan de esa acción judicial, mientras que las autoridades universitarias consideran que mantenerla es una garantía para asegurar el cumplimiento de la ley.

En tanto, la semana que viene la docencia universitaria hará una huelga de cinco días consecutivos que estará acompañada por un cronograma de movilizaciones callejeras coordinado junto al Frente Sindical Universitario. El 16 habrá una movilización general hacia las puertas del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.





La Conadu anunció además que radicó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la administración del presidente Javier Milei. La presentación fundamenta que el Estado argentino incurre en una flagrante violación de los convenios colectivos al negarse a convocar a mesas de negociación paritaria obligatorias, al tiempo que denuncia la aplicación de prácticas y acciones antisindicales implementadas desde el Ejecutivo con el propósito explícito de limitar y criminalizar el derecho constitucional a la huelga.


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