En el marco de la audiencia pública convocada para analizar el Informe Final Ambiental y el Plan de Remediación del área hidrocarburífera El Medanito, la Secretaría de Energía y Minería expuso los resultados de la evaluación técnica realizada sobre el yacimiento y detalló el plan de trabajo previsto para intervenir los pozos inactivos.
La presentación, a cargo del subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón, permitió dar a conocer públicamente, por primera vez, el inventario completo de los pozos inactivos del área y su clasificación según los niveles de criticidad. Además, se informó el cronograma de intervención previsto para los próximos años con el objetivo de cumplir las obligaciones ambientales derivadas del cierre de la concesión que estuvo a cargo de la firma Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR).
Durante su exposición, Sondón informó que la evaluación permitió identificar 137 pozos inactivos, clasificados de acuerdo con criterios técnicos vinculados con su estado operativo, la integridad mecánica, la cercanía a recursos sensibles y el nivel de riesgo.
Del total relevado, 78 pozos fueron clasificados para abandono definitivo, 39 para abandono temporario, ocho corresponden a abandonos definitivos complejos y 12 fueron identificados como reactivados o en evaluación de su estado funcional.
Garantía de ejecución
Sondón remarcó que la Provincia exige a la empresa operadora garantizar y ejecutar, a su exclusivo costo, todas las obras y los trabajos necesarios en cada uno de los pozos para cumplir las obligaciones ambientales establecidas.
En ese sentido, explicó que la garantía de ejecución constituye un requisito indispensable del proceso, ya que busca asegurar que las tareas de abandono, saneamiento y recomposición se completen con independencia de la situación financiera o contractual de la empresa.
Intervención según los niveles de criticidad
El funcionario explicó que cada pozo fue analizado de manera individual y que la clasificación responde a criterios técnicos específicos, con el objetivo de priorizar las intervenciones según el riesgo que representan.
Además, detalló que la Provincia definió un cronograma escalonado de trabajo basado en los niveles de criticidad y no en criterios administrativos.
De acuerdo con ese esquema, los 46 pozos considerados de Criticidad A serán intervenidos entre junio de 2026 y junio de 2027. Otros 46 pozos, clasificados como Criticidad B, serán abordados entre julio de 2027 y diciembre de 2028. En tanto, los 45 restantes, identificados como Criticidad C, serán intervenidos entre enero de 2029 y junio de 2030.
La priorización contempla factores como la integridad mecánica de cada instalación, la proximidad al río Colorado y a otros recursos hídricos, los antecedentes operativos y el estado general de la infraestructura.
Más abandonos que los exigidos por contrato
Durante su exposición, Sondón destacó que en los últimos diez años se realizaron 28 abandonos de pozos en el área, una cifra que supera ampliamente la obligación contractual mínima, que establecía la intervención de 10 pozos.
Indicó que ese resultado fue posible gracias a las tareas permanentes de fiscalización desarrolladas por la Secretaría de Energía y Minería, a través de la Dirección de Control Operativo.
También destacó la implementación del Sistema de Información de Gestión Integrada Hidrocarburífera (Sigih), una herramienta digital que desde 2023 permite registrar y realizar el seguimiento de cada actuación vinculada con el control de la actividad petrolera, incluidas inspecciones, requerimientos, respuestas y verificaciones de cumplimiento.
El control continuará hasta verificar cada obligación
En el tramo final de la presentación, Sondón señaló que todavía existen aspectos del proceso que permanecen bajo evaluación técnica, entre ellos el cronograma definitivo de abandono, los costos finales por pozo y las garantías financieras que deberá presentar la empresa para asegurar la ejecución de los trabajos.
En ese sentido, remarcó que la audiencia pública tiene carácter informativo y que el cierre técnico y administrativo del proceso no se producirá hasta que cada una de las obligaciones asumidas haya sido cumplida y verificada por las autoridades competentes. “El Informe Final de Área es una herramienta de control, no un trámite de salida”, sostuvo.
Finalmente, reafirmó que la Provincia continuará supervisando cada etapa de intervención, saneamiento y recomposición ambiental del área y que ningún pozo será liberado únicamente por una declaración de la empresa, sino a partir de evidencia técnica y verificaciones realizadas en el campo por los organismos de control.