Con la mira en las declaraciones y acciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso se presentaron varias iniciativas con el objetivo de acotar la adhesión a la ley 27.799, conocida como de Inocencia Fiscal, y una de ellas es de la senadora Victoria Huala (Pro-La Pampa), quien planteó la exclusión de funcionarios que integren los distintos poderes del Estado.
En su proyecto, Huala pidió incorporar como artículo 43 bis a la Ley 27.799 el siguiente texto: “Artículo 43° bis.- Quedan excluidos de ejercer la opción de incorporarse al beneficio extendido por esta ley, los sujetos que entre el 1° de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley, hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:
a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal;
b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur;
c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…, entre otros funcionarios”.
“La ley 27.799 conocida como de Inocencia Fiscal, tenía en sus fundamentos facilitar la normalización de la utilización del dinero ahorrado por las personas que no hubieren exteriorizado sus bienes en tiempos anteriores. Con el objetivo de fomentar el dinamismo de la economía. Pero ello debería ir alineado a la transparencia y probidad de los funcionarios públicos, por ello deberían existir límites que eviten que este tipo de normas excepcionales sean funcionales a quienes llevan adelante o estuvieron a cargo de importantes cargos en la función pública”, expresó en sus fundamentos la legisladora pampeana, quien avaló con su voto, a fines de 2025, el proyecto enviado desde el Gobierno de Javier Milei.
Y recordó lo ocurrido en la gestión de Mauricio Macri como presidente: “Considero que un buen ejemplo alineado a esa lógica es el antecedente de la ley 27.260, la citada norma comprendió la necesidad de lograr un blanqueo de capitales tras años de políticas con un fuerte sesgo fiscal orientadas a sostener esquemas populistas, pero lo hizo fijando límites éticos. Sus artículos 82 y 83 establecieron una clara exclusión para los sujetos que hubieran ejercido la función pública desde el año 2010, así como para sus familiares. Este ejemplo expone que una normativa que propenda al dinamismo, inversión y desarrollo económico puede y debe lograrse alineado a la ética y el cuidado de las instituciones”.
Con relación a esta iniciativa, Huala dijo: “La exclusión que propongo mediante la incorporación del artículo 43 bis encuentra su fundamento en el plexo normativo que rige la probidad en nuestro país. Se alinea con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la cual exige a los funcionarios un desempeño basado en la rectitud y la transparencia patrimonial”.
Familiares
Además del proyecto de Victoria Huala, en esta semana, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley destinado a restringir el acceso de funcionarios públicos, así como sus familiares, al régimen de Inocencia Fiscal, en medio de la controversia generada por la situación fiscal de Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, de quien trascendió que se inscribió en el mecanismo de regularización tributaria, a fin de poner a resguardo a Manuel Adorni en el marco de la grave situación judicial planteada ante el incremento de su patrimonio dentro de la función pública.
El proyecto apunta a impedir que quienes ejercen funciones en cualquiera de los poderes del Estado -así como sus familiares directos- puedan acogerse a ese mecanismo. Además, establece que la exclusión comience a regir desde dos años antes de la asunción en un cargo público, con el objetivo de evitar maniobras previas destinadas a regularizar fondos de origen ilícito.
La propuesta surge a partir de las recientes informaciones sobre la situación fiscal de Angeletti, que reavivaron el debate sobre posibles vacíos legales en el régimen vigente. Según sostuvo Paulón, la normativa actual podría ser utilizada para blanquear activos provenientes de delitos contra la administración pública, lo que considera necesario corregir.