La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), luego de 34 años, dejará en las próximas horas la operación de El Medanito, el principal yacimiento hidrocarburífero de La Pampa. Este viernes 19, a las 6 de la mañana, la firma estatal Pampetrol asumirá formalmente la titularidad de la operación y tercerizará, de manera transitoria, en Ribeiro la explotación del área hasta que se adjudique la nueva concesión.
PCR opera el yacimiento petrolero El Medanito en La Pampa desde 1992. Esta área, ubicada cerca de 25 de Mayo, es clave para la provincia, ya que aporta el 34 % de la producción de petróleo pampeana y casi el 10 % de los ingresos fiscales.
PCR comenzó la operación del área mediante un contrato de obras y servicios. El acuerdo tenía vencimiento original en 2016, pero fue prorrogado por 10 años, en asociación con Pampetrol. Actualmente paga alrededor del 35 % de regalías, dependiendo del valor del crudo.
Este verano intentó participar de la licitación por otros 25 años. Sin embargo, el Gobierno provincial rechazó el certificado de aptitud ambiental de PCR debido a pasivos ambientales sin remediar. De esa manera, la dejó fuera de la competencia para la nueva licitación. Sin ofertas, se espera un nuevo llamado. Se descuenta que, otra vez sin certificado ambiental, la empresa no podrá participar.
Este jueves es el último día de PCR en El Medanito. En rigor, el traspaso formal deberá concretarse durante la madrugada del viernes.
La empresa Ribeiro -que ya presta servicios para PCR y en otros yacimientos- ganó la licitación para operar transitoriamente, durante ocho meses, el área.
El Ejecutivo provincial sostuvo que el acuerdo garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo vinculados al yacimiento, tanto del personal como de las empresas subcontratistas. Además, establece obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, junto con el mantenimiento de los actuales niveles de producción.
La firma del contrato es consecuencia de las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo, cuando el oficialismo del Frejupa, la UCR y parte del bloque PRO-MID alcanzaron un acuerdo para evitar la paralización de la producción de petróleo y gas en uno de los principales yacimientos de La Pampa.
El entendimiento político también incluyó el compromiso de avanzar con una nueva licitación pública internacional para otorgar la explotación de El Medanito por un plazo de 25 años. La convocatoria deberá concretarse dentro de los próximos 60 días y contempla un esquema de regalías del 15 %, más una variable adicional denominada “X”, que podrá oscilar hasta un máximo negativo del 5 %. También establece un bono de ingreso de 25 millones de dólares para la empresa que resulte adjudicataria.
Audiencia pública por el informe ambiental
La semana pasada se desarrolló en 25 de Mayo una audiencia pública para analizar el Informe Final Ambiental y el Plan de Remediación del área hidrocarburífera El Medanito. Allí, la Secretaría de Energía y Minería expuso los resultados de la evaluación técnica realizada sobre el yacimiento y detalló el plan de trabajo previsto para intervenir los pozos inactivos.
La presentación, a cargo del subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón, permitió dar a conocer públicamente, por primera vez, el inventario completo de los pozos inactivos del área y su clasificación según los niveles de criticidad. Además, se informó el cronograma de intervención previsto para los próximos años con el objetivo de cumplir las obligaciones ambientales derivadas del cierre de la concesión que estuvo a cargo de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR).
Durante su exposición, Sondón informó que la evaluación permitió identificar 137 pozos inactivos, clasificados de acuerdo con criterios técnicos vinculados con su estado operativo, la integridad mecánica, la cercanía a recursos sensibles y el nivel de riesgo.
Del total relevado, 78 pozos fueron clasificados para abandono definitivo; 39, para abandono temporario; ocho corresponden a abandonos definitivos complejos y 12 fueron identificados como reactivados o en evaluación de su estado funcional.
Sondón remarcó que la Provincia exige a la empresa operadora garantizar y ejecutar, a su exclusivo costo, todas las obras y los trabajos necesarios en cada uno de los pozos para cumplir las obligaciones ambientales establecidas.
En ese sentido, explicó que la garantía de ejecución constituye un requisito indispensable del proceso, ya que busca asegurar que las tareas de abandono, saneamiento y recomposición se completen con independencia de la situación financiera o contractual de la empresa.
Intervención según los niveles de criticidad
El funcionario explicó que cada pozo fue analizado de manera individual y que la clasificación responde a criterios técnicos específicos, con el objetivo de priorizar las intervenciones según el riesgo que representan.
Además, detalló que la Provincia definió un cronograma escalonado de trabajo basado en los niveles de criticidad y no en criterios administrativos.
De acuerdo con ese esquema, los 46 pozos considerados de Criticidad A serán intervenidos entre junio de 2026 y junio de 2027. Otros 46 pozos, clasificados como Criticidad B, serán abordados entre julio de 2027 y diciembre de 2028. En tanto, los 45 restantes, identificados como Criticidad C, serán intervenidos entre enero de 2029 y junio de 2030.
La priorización contempla factores como la integridad mecánica de cada instalación, la proximidad al río Colorado y a otros recursos hídricos, los antecedentes operativos y el estado general de la infraestructura.
Más abandonos que los exigidos por contrato
Durante su exposición, Sondón destacó que en los últimos 10 años se realizaron 28 intervenciones en pozos abandonados en el área, una cifra que supera ampliamente la obligación contractual mínima, que establecía la intervención de 10 pozos.
Indicó que ese resultado fue posible gracias a las tareas permanentes de fiscalización desarrolladas por la Secretaría de Energía y Minería, a través de la Dirección de Control Operativo.
También destacó la implementación del Sistema de Información de Gestión Integrada Hidrocarburífera (Sigih), una herramienta digital que desde 2023 permite registrar y realizar el seguimiento de cada actuación vinculada con el control de la actividad petrolera, incluidas inspecciones, requerimientos, respuestas y verificaciones de cumplimiento.
Obligaciones pendientes
El Gobierno aseguró que el Informe Final de Área de El Medanito no implica el cierre del proceso ambiental ni libera a la empresa de las obligaciones pendientes. Así lo afirmaron el director general de Gestión Ambiental, Miguel Fantini, y el técnico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Lucas Andiarena, durante la audiencia pública realizada en 25 de Mayo para analizar el Informe Final Ambiental y el Plan de Remediación del área hidrocarburífera.
Los funcionarios sostuvieron que el Estado provincial continuará ejerciendo el control sobre el área hasta verificar que cada una de las tareas comprometidas haya sido ejecutada, documentada y validada por los organismos competentes.
Además, informaron que los monitoreos realizados sobre las aguas subterráneas no detectaron presencia de hidrocarburos ni metales pesados en las muestras analizadas.
Cuestionamientos
La diputada provincial Noelia Sosa (Frejupa), que responde al vernismo, cuestionó el Informe Final Ambiental (IFA) del área hidrocarburífera y sostuvo que no debe ser aprobado porque, según afirmó, incumple exigencias de la legislación provincial sobre saneamiento ambiental y abandono de pozos. Además, aseguró que no hubo controles suficientes por parte de funcionarios provinciales.
Sosa, precisamente, fue una de las funcionarias que debía controlar el área hasta que asumió el cargo de diputada. Se desempeñó como directora de Control de Operaciones de Hidrocarburos de La Pampa hasta 2023.
Especialista en hidrocarburos, ha cuestionado las condiciones de la anterior licitación e incluso ha denunciado a funcionarios del Gobierno. En los últimos meses, además, amenazó con presentar una denuncia penal contra el gobernador Sergio Ziliotto y todo el gabinete. Esa amenaza, por el momento, no se concretó.
Esa situación de amenazas constantes llevó a reaccionar al gabinete en pleno. En un documento, sus integrantes acusaron a la legisladora de operar políticamente.
