El senador nacional Daniel Bensusán cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Gobierno nacional envió al Senado y advirtió que la iniciativa, sumada a las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares, pone en riesgo los recursos naturales, la soberanía y las economías regionales. Aseguró que los cambios podrían agravar la situación de La Pampa en relación con los ríos Colorado y Atuel.
“Van de la mano en liquidar recursos naturales, soberanía y economías regionales. Modificar la Ley de Tierras empeorará lo frágil que ya dejaron a La Pampa, perjudicando el uso de los ríos Colorado y Atuel”, sostuvo el legislador.
Bensusán afirmó que la propuesta oficial busca habilitar “sin límites” la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. En ese sentido, señaló que la modificación de la Ley de Glaciares ya dejó en manos de las provincias donde se encuentran esos recursos la decisión sobre su utilización, sin contemplar el impacto que esas medidas pueden tener sobre otras jurisdicciones.
El impacto sobre La Pampa
Como ejemplo, el senador planteó que Mendoza podría acordar con una empresa extranjera la venta de tierras con glaciares para utilizar el agua en el enfriamiento de servidores de Inteligencia Artificial.
“Eso limitaría cursos de agua como el río Colorado y dejaría sin riego a emprendimientos de Gobernador Duval, Casa de Piedra o 25 de Mayo. Incluso podría afectar el abastecimiento del Acueducto del Río Colorado”, alertó.
Además, recordó que La Pampa ya sufrió las consecuencias del corte del río Atuel. “Los pampeanos ya padecemos la desertificación de nuestro oeste por el corte del Atuel. Mientras Mendoza utiliza ese curso de agua para actividades turísticas y de riego, acá solo hay sequedad. No debemos permitir que ocurra lo mismo con el Colorado”, expresó.
Críticas al proyecto oficial
La iniciativa del Gobierno nacional ya recibió cuestionamientos porque propone eliminar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y reducir las herramientas del Estado para intervenir en materia de protección ambiental, infraestructura y planificación urbana.
“Debe existir una regulación del Estado que garantice la soberanía sobre la tierra y recursos estratégicos como el agua. No se busca mejorar las condiciones para atraer inversiones ni fortalecer a las provincias y las economías regionales. Lo que se pretende es dejar vía libre para que capitales extranjeros se queden con nuestros recursos naturales”, concluyó Bensusán.