Un juicio oral y público por las fumigaciones con agroquímicos en la ciudad bonaerense de Pergamino se convirtió en uno de los procesos judiciales ambientales más importantes de la historia reciente del país. En el debate estuvieron acusados productores rurales, un ingeniero agrónomo y exfuncionarios municipales por presunta contaminación ambiental y afectación a la salud de vecinos de barrios ubicados junto a zonas de producción agrícola.
La causa se originó en 2018 a partir de las denuncias de familias de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, quienes advirtieron sobre enfermedades y la presencia de agroquímicos en el agua y en el ambiente, producto de las fumigaciones realizadas en campos linderos a las viviendas.
El juicio se desarrolló durante cinco meses en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario y tuvo más de veinte audiencias, en las que declararon vecinos, especialistas y peritos ambientales. Incluso los jueces realizaron una inspección ocular en los lugares donde se produjeron las denuncias para observar las distancias entre los campos fumigados y las zonas habitadas.
Condena a exfuncionarios
Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión para los productores involucrados, además del decomiso de maquinaria utilizada para las aplicaciones y medidas de reparación para las víctimas. También pidió condenas para dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Finalmente, el tribunal resolvió absolver a los siete productores acusados y únicamente condenó a los dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de sus deberes. La decisión generó fuertes críticas de organizaciones ambientales, querellantes y vecinos afectados, quienes anunciaron que apelarán el fallo.
El caso de Pergamino es considerado un antecedente clave para la jurisprudencia ambiental argentina, ya que por primera vez un tribunal federal analizó de manera integral el impacto de las fumigaciones con agroquímicos sobre la salud humana y el ambiente en zonas periurbanas.
El debate en La Pampa
El caso Pergamino vuelve a poner en escena un debate que en La Pampa lleva años atravesando a productores, ambientalistas, municipios y organismos técnicos: cuáles deben ser las distancias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos cerca de las zonas urbanas y cómo compatibilizar la producción con la protección de la salud y el ambiente.
La provincia cuenta desde 2020 con la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, una de las normativas más restrictivas del país en materia de fumigaciones periurbanas. La legislación prohíbe las aplicaciones terrestres a menos de 500 metros de las áreas urbanas y las fumigaciones aéreas dentro de un radio de 3.000 metros, además de establecer requisitos de control, recetas agronómicas y autorizaciones para determinadas aplicaciones.
La sanción de la norma generó un fuerte debate en la provincia. Mientras organizaciones ambientales y sectores vinculados a la salud pública respaldaron las restricciones apelando al principio precautorio, entidades rurales y productores cuestionaron las distancias establecidas y advirtieron sobre el impacto productivo y económico de las limitaciones.
En los últimos años, además, la discusión se trasladó a nuevas tecnologías de aplicación, como los drones pulverizadores, y a la necesidad de avanzar en mecanismos de control y fiscalización que permitan garantizar tanto la producción agropecuaria como la protección ambiental.
En ese contexto, el juicio de Pergamino es observado con atención en distintas provincias agrícolas, entre ellas La Pampa, ya que el fallo podría transformarse en un antecedente relevante para futuros planteos judiciales y para la evolución de la normativa sobre aplicaciones periurbanas en el país.