Datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social revelaron una situación que enciende alarmas en el sistema previsional: la pérdida de más de 300 mil aportantes en los últimos tres años está impactando de lleno en los fondos que sostienen las jubilaciones y pensiones en todo el país.
De acuerdo a información de ANSES y ARCA (ex Afip), en mayo de 2026 se contabilizaron 12.442.017 aportantes al sistema previsional. Esta cifra representa una pérdida de 38.532 trabajadores en comparación con el mismo mes de 2025. Pero si la mirada se amplía a un período de tres años, la masa de aportantes cayó en 304.417 personas, exponiendo el impacto destructivo del cierre de empresas y los despidos en el sector privado y el Estado.
En la actualidad, solo el 26,9% de la población total del país realiza aportes al sistema previsional, una cifra que muestra una clara contracción frente al 28,2% registrado en mayo de 2023.
La radiografía interna de los datos evidencia un cambio regresivo en la estructura del empleo. La caída general de la recaudación previsional está motorizada fundamentalmente por la destrucción de puestos en relación de dependencia, que son aquellos que realizan las mayores contribuciones al sistema. En la comparación interanual, el segmento con recibo de sueldo perdió un total de 140.659 aportantes.
El sector privado fue el más castigado, registrando un descenso de 108.378 trabajadores en un año, en un contexto donde los indicadores de la Secretaría de Trabajo marcan que el empleo formal privado acumuló once meses consecutivos de retroceso. A su vez, el ajuste en el sector público implicó la pérdida de 36.034 aportantes en las dependencias estatales.
Como contrapartida, la masa de aportantes al monotributo creció en 71.514 personas y el régimen de Casas Particulares sumó 29.923 inscriptas. De esta forma, la fuerza de aportantes en el país quedó configurada en un 76,2% por asalariados en relación de dependencia, un 20,9% por trabajadores independientes y un 2,9% por personal de casas particulares.
En términos absolutos, el sector privado asalariado sigue siendo el sostén principal con 6 millones de trabajadores, escoltado por los 2,2 millones inscriptos en el monotributo y otros 2,2 millones bajo regímenes especiales.
La situación no implica únicamente una migración hacia modalidades independientes de trabajo, sino un pase masivo a la desprotección previsional. Frente a una población ocupada estimada en torno a los 22 millones de personas, las mediciones revelan que existen 9,5 millones de trabajadores que se desempeñan en la informalidad.
La mezcla de menor empleo asalariado y mayor precarización genera un estrangulamiento directo en las cajas previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mientras la cantidad de aportantes cae, la masa de beneficiarios continúa en aumento. En mayo de 2026, el SIPA registró 6,8 millones de prestaciones entre jubilaciones y pensiones, sumando 73.727 nuevos beneficiarios respecto al año anterior, lo que equivale a un incremento del 1,1%.
Respecto al origen de los beneficios, el 46,4% de las prestaciones corresponden a jubilaciones obtenidas mediante moratorias previsionales, el 44,3% a jubilaciones ordinarias por cumplimiento de aportes y el 9,3% restante a otros regímenes.
Dado que los aportes de un monotributista o de un trabajador no asalariado son notablemente inferiores a las contribuciones de un empleado de plantilla privada, la desproporción obliga al Tesoro Nacional a cubrir el déficit fiscal creciente. Con este panorama, se prevé un escenario aún más complejo hacia adelante producto de los despidos anunciados en el sector público y el continúo cierre de empresas privadas en todo el país.