El Gobierno nacional presentó esta tarde el nuevo proyecto de la ley de Inocencia Fiscal que enviará al Congreso y que busca la adhesión de más contribuyentes para formalizar los denominados “dólares del colchón”.
La presentación estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto a distintos contadores y tributaristas que recomendaron ciertos cambios para la ley aprobada en diciembre último. El funcionarió adelantó que el proyecto se enviará este jueves al Poder Legislativo.
“Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay US$170.000 millones”, precisó Caputo en base a estimaciones del Banco Central (BCRA). Y agregó: “Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más”.
La iniciativa apunta a introducir cambios sobre la ley aprobada por el Congreso a comienzos de año, que reformó el Régimen Penal Tributario y creó un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras medidas, esa norma habilitó el uso de ahorros de hasta $100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones.
El titular del Palacio de Hacienda indicó que tener los dólares debajo del colchón “es muy mal negocio”. “Pierden valor, aunque la gente no lo crea”, dijo, y sumó que el objetivo del Gobierno es aumentar el nivel de inversión.
“Necesitamos que (los dólares) se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y genere un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos”, afirmó el funcionario.
Caputo aclaró que la esencia de la ley sigue siendo la misma, que es permitirle a la gente poder formalizar sus ahorros en el sistema financiero. “El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”.
Ibarzabal Murphy añadió que los cambios en la ley “apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen” y a “brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar”.
Modificaciones
Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las dicrepancias significativas, entre otros cambios.
El principal objetivo del nuevo proyecto es corregir aspectos que generaron críticas entre los contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por ARCA en las declaraciones juradas.
Para atender esos planteos, el Gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.
El anteproyecto también establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud prevista en la ley mantendrán un tratamiento especial.
Además, la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que ARCA solo podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, con información objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.
La ley vigente ya había elevado de manera considerable los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $15 millones a $1.000 millones. También se actualizaron los montos para otras conductas, como el uso de facturación apócrifa, la apropiación de impuestos retenidos o el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
Otra de las disposiciones mantiene la posibilidad de que ARCA se abstenga de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de una causa judicial o cancele la deuda con sus intereses y recargos dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la reforma redujo a tres años el plazo de fiscalización para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.
Podrán acceder al régimen las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados, hayan registrado ingresos de hasta $1.000 millones, un patrimonio de hasta $10.000 millones y no estén categorizadas por ARCA como grandes contribuyentes nacionales.
La presentación del proyecto llega pocos días después de que el Gobierno resolviera prorrogar hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, aunque mantuvo el vencimiento del pago para el 27 de julio. Además, reprogramó el primer anticipo del impuesto para septiembre.
