El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un pedido de acceso a la información pública para averiguar cuánto dinero y recursos públicos costaron las represiones sistemáticas a la marcha de los jubilados durante 2025 y según informó se gastaron más de dos mil millones de pesos en los operativos ordenados por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Los problemas de seguridad no son reprimir jubilados y atacar el derecho democrático a la protesta”, expresó el CELS.
Lo gastado durante 2025 en balas, combustible y equipamiento equivale a 5.578 jubilaciones mínimas y se recordó que este mes los jubilados recibieron un magro aumento del 2,15% que deja la jubilación mínima en $411.989,33 y que junto al bono—que puede ser retirado en cualquier momento—quedaría en $481.989,33.
“El Gobierno nacional aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos”, sostuvo la entidad.
Natalia Narvaez Tojter, investigadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, remarcó que el cálculo que se realizó para el informe fue conservador, puesto que la información que recibieron era, por lo menos, opaca: “En relación con cada una de las fuerzas de seguridad adoptaron una metodología diferente de información. No nos informan lo que estos operativos implican en términos de gastos ordinarios, es decir, cuál es el peso en el presupuesto nacional”.
Ante el pedido de información a la Policía de la Ciudad, la investigadora afirmó que no pudieron recibir un dato útil. “La respuesta fue paupérrima, entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Ministerio de Hacienda y Finanzas se pasaban el tema y solo nos pudieron detallar el armamento que se utilizó, sin ninguna referencia al gasto económico”, agregó.
El día que más recursos se gastaron fue en la movilización del 12 de marzo, donde el gendarme Héctor Guerrero hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Martínez dejó sin visión del ojo izquierdo a Jonathan Navarro; y el inspector de la Policía Federal, Nicolás Céspedez, lesionó a una jubilada de 82 años. Ese día participaron 1.266 efectivos distribuidos entre las distintas fuerzas de seguridad.
En esta intervención de las fuerzas federales coordinadas con las locales, a cargo de Jorge Macri, la violencia represiva se incrementó y facilitó desde la Resolución 943/23, también conocida como “Protocolo Antipiquetes”. Desde el CELS, buscan revertir esa normativa: “Presentamos un amparo que se había resuelto de forma favorable, pero fue apelado por el Gobierno y es lo que posibilita que casi todos los miércoles se despliegue, en promedio, 1.000 efectivos en este comando unificado con las cinco fuerzas federales”, añadió Narvaez.
El informe también recolectó información de distintos organismos que monitorean protestas, y de allí se desprende que hubo 149 detenciones arbitrarias, y por lo menos 501 personas con heridas de distinta índole provocadas por las balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes.