Seis provincias ya colocaron U$S 4.375 millones en bonos en los mercados internacionales y otras dos preparan emisiones, en un regreso al endeudamiento en dólares que recuerda al ciclo iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri. Los fondos se destinan a obras y refinanciación de pasivos, pero las colocaciones se concretan con tasas más elevadas. La situación reaviva el debate sobre el riesgo que este tipo de deuda representa no solo para las provincias que la toman, sino también para el conjunto de la economía argentina.
En los últimos 12 meses, publicó Tiempo Argentino en base a la consultora Politikon Chaco, los gobiernos que recurrieron a esa práctica fueron los de Córdoba (U$S 1.525 millones en dos emisiones), Santa Fe (U$S 800 millones), Chubut (U$S 650 millones), la Ciudad de Buenos Aires (U$S 600 millones), Neuquén (U$S 500 millones) y Entre Ríos (U$S 300 millones). En conjunto suman U$S 4.375 millones. En los próximos meses podrían sumarse San Juan y Santa Cruz, que ya iniciaron contactos con potenciales inversores.
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, al cierre del primer trimestre de 2026 la deuda conjunta de las provincias, entre bonos y créditos de organismos internacionales, totalizaba U$S 22.132 millones, equivalentes al 94,6% de sus pasivos. Si se agregan las deudas en pesos con la Nación y organismos oficiales, el stock total ascendía a $32,6 billones, con un crecimiento real interanual del 7%.
Los datos muestran una repetición del ciclo de endeudamiento provincial registrado durante el gobierno de Mauricio Macri, hace una década. En ese período, impulsadas por la estrategia de la Nación, las provincias tomaron U$S 12.300 millones en apenas dos años. Los pasivos en dólares crecieron hasta el punto de que las sucesivas devaluaciones posteriores a 2018 obligaron a un proceso de reestructuración y canje de deuda impulsado por la gestión del Frente de Todos. La historia parece repetirse.
Existen dos motivos principales por los que las provincias buscan financiamiento en dólares. El primero es la necesidad de ejecutar obras de infraestructura que la Nación, en el marco de su política de reducción del gasto público, dejó de financiar. Así, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que los fondos se destinarán a proyectos energéticos, mantenimiento de rutas y equipamiento policial. En Neuquén, Rolando Figueroa busca acompañar el crecimiento de Vaca Muerta “fortaleciendo la infraestructura necesaria para sostener una etapa de crecimiento económico sin precedentes”. En Chubut, Ignacio Torres pretende optimizar el acueducto entre el lago Musters y Comodoro Rivadavia para resolver los problemas de provisión de agua potable en esa región.
Cueste lo que cueste
En líneas generales, los gobernadores sostienen que el interés de los inversores demuestra la confianza en provincias con recursos como el agro, la minería o el petróleo para afrontar esas obligaciones. Sin embargo, detrás de ese argumento aparece otra necesidad: refinanciar o cancelar los bonos actualmente en circulación. Eso los llevó a aceptar tasas de interés más elevadas que las de las emisiones que reemplazan. Entre Ríos colocó un bono al 9,55% anual para sustituir otro que pagaba 8,75%; el SF34 de Santa Fe rendirá 8,10% frente al 6,90% del SF27; y los PDCAR35 de Córdoba ofrecerán un rendimiento del 8,60% anual, por encima del promedio del 6,08% de las emisiones anteriores. La Ciudad de Buenos Aires debió convalidar una tasa del 8,12% anual para la serie 13 del Tango. Solo Neuquén, respaldada por las regalías de Vaca Muerta, consiguió financiarse al 7,35% anual.
El aumento de las tasas elevó el peso de los servicios de la deuda -amortizaciones e intereses-, que pasaron de representar el 0,2% del PBI en 2023 al 0,6% en 2025. Con los datos proyectados del primer trimestre de este año, esa carga alcanzaría el 0,8% del PBI (ver gráfico). Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, entre agosto y diciembre las 13 provincias argentinas con bonos en dólares deberán afrontar pagos por unos U$S 1.040 millones.
Referencia
La situación también es seguida de cerca por el gobierno nacional. Las emisiones provinciales funcionan como una referencia para una eventual colocación de deuda del Ministerio de Economía, una decisión que por ahora el ministro Luis Caputo evita porque considera que las tasas exigidas por el mercado siguen siendo demasiado elevadas. Además, la legislación vigente obliga a las provincias a liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial, lo que permite al Banco Central sostener el precio del dólar y fortalecer las reservas.
Este aspecto tampoco pasa inadvertido para las calificadoras de riesgo, que no solo evalúan la vulnerabilidad de las provincias ante eventuales devaluaciones, como ocurrió en 2018 y 2019, sino también su dependencia del Banco Central, que en definitiva será el proveedor de los dólares que cada jurisdicción deberá devolver a sus acreedores.
