A 39 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia y sin el Mundial captando la atención pública, el diputado nacional Esteban Paulón denunció que el Gobierno nacional no ha aplicado la Ley de Financiamiento Universitario. A través de X, cargó contra funcionarios y acusó a Alejandro Finocchiaro de “mentir” por los dichos en la última reunión de Comisión de Educación.
El pasado 25 de junio el máximo tribunal de justicia resolvió no intervenir y dejar firme la sentencia que ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional a girar 2.5 billones de pesos en cumplimiento con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 (Financiamiento Universitario). El Gobierno nacional había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.
En sus redes sociales, el legislador de Provincias Unidas nombró a Diego Santilli, jefe de Gabinete, y a Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, a quienes les endilgó el rótulo de “mentirosos” y agregó: “Siguen sin cumplir la Ley Universitaria, a pesar del fallo de la Corte. Docentes, no docentes y rectores denuncian que las partidas siguen sin llegar”.
No obstante, siguió contra el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien el pasado 1° de julio aseguró que “había hablado con el Gobierno” y declaró que los giros presupuestarios a las casas de altos estudios iban a estar listos para “el 15 de julio”. Según denuncia Esteban Paulón esto no ha ocurrido.
Cabe recordar que fue el propio Paulón, quien intimó al nuevo jefe de Gabinete en rigor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En esa presentación, además de recordarle el fallo de la Corte Suprema de Justicia, exigió que el ministro coordinador informe fehacientemente el cronograma y los plazos de ejecución “sin trampas ni atajos”.
“Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir”, había sintetizado el legislador en alusión a las gestiones de Guillermo Francos y Manuel Adorni, los anteriores jefes de Gabinete. Luego, había advertido que “no es una sugerencia”, y recordó que la Ley 27.795 fue votada por el Congreso de la Nación dos veces.
Conflicto de larga data
Apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier Milei, decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los sectores que reclamó por un incremento en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a un millón de personas de la comunidad universitaria a Casa de Gobierno.
A partir de eso, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados impulsaron una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 12 de septiembre del 2024, pero terminó siendo vetada por Javier Milei y desechada en su insistencia ante el blindaje logrado el tercio compuesto por La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior (radicales peluca hoy en el oficialismo) y monobloques de Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Sin embargo, en el 2025, año de elecciones legislativas, la oposición representada en Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda logró emplazar una nueva Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 21 de agosto del 2025 en el Senado.
Nuevamente Javier Milei vetó el proyecto de ley de recomposición salarial docente y actualización de becas estudiantiles, pero esta vez la oposición en ambas cámaras aprobó la insistencia de la ley: Diputados rompió la barrera de los dos tercios con 174 votos a favor; y el Senado dejó firma la iniciativa el 2 de octubre con 58 votos afirmativos.
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 por medio del decreto 759/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde ese día, la ley comenzó otro camino en la Justicia.
El último intento legislativo por derogar la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional fue a través del Presupuesto 2026. En el Capítulo XI de la “ley de leyes” se disponía la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y Sanitaria en el Hospital Garrahan. La propuesta se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.
