La Fundación Chadileuvú (Fuchad) planteó que la provincia de La Pampa debe reclamar ante el Gobierno nacional y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su participación en el manejo de las aguas del río Atuel y, en particular, en las decisiones vinculadas con el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.
El planteo fue difundido en julio de 2026 por Juan Carlos Scovenna, consultor de la Fuchad, y se fundamenta en los antecedentes judiciales y legales que reconocieron el carácter interprovincial del río Atuel.
La organización recordó que en 1992 la Nación transfirió la propiedad de Los Nihuiles a Mendoza y que, para concretar esa transferencia, fue necesario el acuerdo de La Pampa a partir del fallo de la Corte Suprema de 1987, que había reconocido el carácter interprovincial del Atuel.
Según el documento, el convenio tripartito firmado entre la Nación, Mendoza y La Pampa estableció que la transferencia no afectaría el derecho pampeano a compartir con Mendoza el manejo para el uso consuntivo de las aguas del río Atuel. También contempló un sistema de contralor de La Pampa sobre la actividad del complejo hidroeléctrico.
La Fuchad sostiene que ese antecedente adquiere especial relevancia frente al proceso de nuevas concesiones de las represas. El documento señala que las concesiones de las represas sobre el Atuel vencieron en 2024 y que posteriormente fueron prorrogadas. Actualmente, según la presentación, las concesiones tienen fecha de finalización en julio de 2026.
En ese contexto, la entidad recordó que el Estado nacional y Mendoza acordaron en marzo de 2025 licitar conjuntamente las concesiones de HIDISA e HINISA como una sola unidad de negocio. El documento agrega que, al momento de su elaboración, todavía no se había publicado el calendario de esa licitación.
La Fuchad fundamenta su pedido, además, en el fallo de la Corte Suprema de 2017 sobre el río Atuel. Según destaca, el máximo tribunal estableció la necesidad de una gestión integral de la cuenca, por encima de las divisiones territoriales entre las provincias.
En esa línea, la organización sostiene que la gestión del agua debe contemplar la cuenca como una unidad, debido a la interdependencia entre los distintos usos y efectos de los recursos hídricos y naturales. También señala que la falta de escurrimiento del Atuel en territorio pampeano afecta derechos humanos y que el proceso de desertificación debe ser subsanado.
Por eso, la Fuchad propone que La Pampa se presente ante los organismos nacionales correspondientes para exigir que los futuros pliegos y contratos de concesión incorporen expresamente la participación de la provincia en el manejo de las aguas del Atuel. También plantea analizar una eventual presentación ante la Corte Suprema para que el Estado nacional haga efectivo ese reclamo pampeano.
“Encontrándose vencidos los plazos de concesión y la decisión del Estado nacional de volver a licitar nuevamente el manejo de las represas hidroeléctricas y, de parte de la provincia de Mendoza, licitar el manejo de las aguas, por ser ello inevitable y necesario para que la jurisdicción que posee el Estado nacional se torne efectiva, se debería: a) Realizar la presentación ante los organismos estatales que correspondan, exponiendo la necesidad de insertar en los pliegos y contratos de concesión, la participación en el manejo de las aguas por parte de nuestra provincia. B) Analizar sobre la base de la posible nuevas privatizaciones ya explicitadas por el Estado nacional y la provincia de Mendoza, la posibilidad de acudir ante la CSJN, a efectos de que esta conmine al Estado nacional a efectivizar este reclamo pampeano”, indica el escrito de Scovenna.
Entre los puntos concretos que propone incorporar al proceso licitatorio figura que La Pampa sea parte y acuerde las cláusulas de la nueva concesión, tanto durante el proceso de licitación como en el contrato definitivo. Asimismo, plantea responsabilidades por eventuales daños ambientales derivados de un manejo de las aguas represadas que afecte a la provincia.
El documento también invoca la Ley 15.336 de Energía Eléctrica, que establece condiciones para las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos de jurisdicción nacional. La Fuchad destaca especialmente que esa normativa fija un orden de prioridad para el uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, luego el riego y finalmente la producción de energía.
A su vez, cita la Ley 25.688, de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que establece que las cuencas hídricas deben considerarse unidades ambientales de gestión indivisibles y dispone condiciones específicas para el uso de aguas de cuencas interjurisdiccionales cuando existe un impacto ambiental significativo sobre otra jurisdicción.
De esta manera, la Fuchad busca que, ante la definición del futuro esquema de concesión de Los Nihuiles, La Pampa no quede al margen de las decisiones sobre el manejo de las aguas del Atuel y que su participación quede incorporada formalmente en los nuevos contratos.
El planteo fue firmado en Santa Rosa en julio de 2026 por Juan Carlos Scovenna, consultor de la Fundación Chadileuvú.
El fallo de 2020
El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo y permanente de 3,2 m³/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Sin embargo, el ecocidio persiste: el máximo organismo judicial parece no hacer nada para obligar a la provincia cuyana a cumplir el fallo y el río, por largos periodos, sigue seco.
En Mendoza aumentan los reservorios, se destinan caudales superiores al mínimo fijado por la Corte para bodegas, se realiza sobrerriego para recargar napas y se deriva agua a parcelas sin uso agrícola.
En contrapartida, en La Pampa el daño ambiental continúa agravándose: 1,5 millones de hectáreas del oeste provincial quedaron desertificadas, desaparecieron los humedales, se destruyó un ecosistema completo, aumentó la salinización de las napas y cientos de familias debieron abandonar la región por la falta de agua.
Pronto despacho
En los primeros días de agosto, en el contexto del Día de la Lucha por el Río Atuel, establecido por la Ley Provincial N.º 2867, el gobernador Sergio Ziliotto interpuso un nuevo pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias que ordenan garantizar un caudal mínimo permanente hacia territorio pampeano.
Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo incorpora una reciente publicación periodística que refleja declaraciones de autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza, quienes reconocen perspectivas favorables respecto de la disponibilidad de agua producto de las nevadas registradas este invierno.
Para La Pampa, esas manifestaciones constituyen una nueva evidencia de que el incumplimiento del caudal ordenado por la Corte no responde a una escasez hídrica, sino a una decisión política de la provincia vecina.
