Por Lucía Medina
El Gobierno nacional ya no concentra toda su agenda en una sola gran ley. En el Senado, su programa de reformas aparece repartido en proyectos específicos que avanzan comisión por comisión: algunos ya tienen dictamen, otros acumulan reuniones informativas y varios siguen condicionados por los votos de la oposición dialoguista y de los bloques provinciales.
La reciente media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mostró las dos caras de esa estrategia. El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa y girarla a Diputados, pero debió retirar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. El resultado le permitió exhibir un avance legislativo, aunque también dejó en claro que en la Cámara Alta las reformas no atraviesan el debate sin cambios.
Ahora, mientras ese proyecto continúa su recorrido, el Gobierno mantiene abiertos al menos cuatro frentes en el Senado. No todos tienen la misma prioridad ni se encuentran igual de cerca del recinto, pero en conjunto permiten observar qué aspectos del Estado, la economía y las instituciones busca modificar durante esta etapa.
Una nueva Ley General de Sociedades
El proyecto más reciente es la nueva Ley General de Sociedades, enviada por el Poder Ejecutivo para reemplazar integralmente la Ley 19.550, vigente desde 1972. La propuesta incorpora la constitución digital de sociedades, legajos públicos electrónicos, un Registro Nacional de Sociedades, libros contables digitales y nuevas figuras vinculadas con la innovación tecnológica, como las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO.
El argumento oficial es que la legislación actual fue pensada para una economía anterior a internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Sin embargo, el debate del miércoles 19 de agosto en la Comisión de Legislación General desplazó la discusión desde la modernización teórica hacia un problema más concreto: cómo se aplicaría la reforma en las provincias.
Las exposiciones de organismos registrales provinciales dejaron planteadas dificultades operativas y jurídicas que podrían aparecer si el Congreso aprueba el texto sin modificaciones. Entre las principales objeciones se mencionaron las dificultades para articular el Registro Nacional de Sociedades con los registros locales, las dudas sobre la validez de los procedimientos digitales y las diferencias en la capacidad técnica de cada jurisdicción. La advertencia atraviesa buena parte de la agenda oficial: una ley puede resultar moderna en el papel y, al mismo tiempo, ser difícil de ejecutar en las veinticuatro jurisdicciones. La iniciativa continúa en análisis y todavía no tiene dictamen.
El Súper RIGI, la apuesta por inversiones de otra escala
Otro de los proyectos que el oficialismo busca destrabar es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa ya fue aprobada en Diputados por 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Su tratamiento en el Senado comenzó el 5 de agosto y continuó los días 12 y 19 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General. Tras las exposiciones de funcionarios y especialistas, el proyecto continúa en análisis y todavía no tiene dictamen.
El régimen está dirigido a proyectos de inversión que superen los 1.000 millones de dólares en actividades nuevas o todavía poco desarrolladas en el país. Ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios, además de estabilidad por treinta años. Para el Gobierno, es una herramienta destinada a atraer inversiones capaces de crear nuevas industrias. Para sus críticos, la discusión pasa por la magnitud de los beneficios, los controles, la participación de proveedores nacionales y el costo fiscal que podrían asumir las distintas jurisdicciones.
La Ley de Hojarasca, más cerca del recinto
La llamada Ley de Hojarasca se encuentra en una instancia más avanzada. El proyecto, que ya había sido aprobado por Diputados, obtuvo dictamen de mayoría en el Senado el 17 de junio y quedó en condiciones de ser incorporado al temario de una sesión.
La iniciativa propone derogar decenas de leyes, decretos y disposiciones que el Ejecutivo considera obsoletos, burocráticos o incompatibles con el marco jurídico actual. El oficialismo presenta la medida como una limpieza normativa. La oposición, en cambio, reclama revisar cada derogación y advierte que, bajo la idea de quitar normas en desuso, también podrían desaparecer regulaciones que todavía producen efectos.
El proyecto refleja con claridad la lógica desreguladora del Gobierno, pero también uno de sus principales problemas legislativos: reunir en un mismo paquete normas de épocas y materias diferentes obliga a discutir si todas pueden ser tratadas con un único criterio.
Una reforma electoral que toca las reglas de la política
La Reforma Electoral Integral es uno de los proyectos más sensibles de la agenda. Fue enviada por el Poder Ejecutivo y comenzó a analizarse en mayo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sus 78 artículos incluyen la eliminación de las PASO, modificaciones a la Boleta Única de Papel, nuevas condiciones para conservar la personería de los partidos, cambios en el financiamiento de las campañas, reformas en la elección de representantes del Parlasur y la incorporación de Ficha Limpia.
A diferencia de las iniciativas económicas, esta reforma modifica las reglas con las que competirán los propios espacios políticos. Por eso, los acuerdos necesarios son más difíciles de construir: cada cambio puede afectar de manera diferente a los partidos nacionales, las fuerzas provinciales y las agrupaciones más pequeñas. Después de la primera reunión informativa, el proyecto todavía no llegó a dictamen.
El Senado como filtro
Los cuatro proyectos responden a áreas diferentes, pero comparten un método. El Gobierno envía reformas sectoriales, activa las comisiones que controla y busca construir las mayorías necesarias para cada tema. Ya no se trata de conseguir apoyo para un único paquete, sino de negociar sociedades, inversiones, reglas electorales y desregulación por separado.
La estrategia puede facilitar acuerdos puntuales, aunque no elimina los límites políticos. La experiencia de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mostró que los bloques provinciales pueden acompañar una parte y rechazar otra. También confirmó que la presión social, los intereses territoriales y las capacidades de aplicación modifican textos que inicialmente parecían cerrados.
Los próximos meses mostrarán si el avance por partes le permite al oficialismo conseguir más resultados que las grandes leyes ómnibus. Por ahora, el Senado no funciona como una escala formal del trámite legislativo, sino como el lugar donde el Gobierno debe negociar su programa y donde las provincias todavía pueden cambiarlo. Porque sancionar una ley es una cosa; lograr que pueda aplicarse en todo el país es otra.