El diputado nacional Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para proteger a las personas que recurren a préstamos informales y terminan siendo víctimas de tasas usurarias, amenazas, coerción y distintas formas de violencia para cobrar las deudas. La iniciativa propone penas de prisión para quienes conviertan el préstamo de dinero en un negocio informal basado en la explotación de personas endeudadas.
En una entrevista con Radio Textual (por Radio Kermés), el legislador explicó que el proyecto surge a partir de un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares, tanto con tarjetas de crédito y billeteras virtuales como con servicios públicos y prestamistas informales.
“Estamos tratando desde la Cámara de que esto sea controlado. No quiere decir que no se paguen, sino que no te roben”, sostuvo.
El proyecto busca diferenciar el préstamo ocasional entre vecinos de aquellas situaciones en las que existe una actividad organizada y permanente de préstamos por fuera del sistema financiero, con tasas abusivas y mecanismos de presión sobre los deudores.
“No es que no puedan prestarse en el barrio. El tema es que no lo explote al otro con una tasa usuraria”, explicó el diputado.
La iniciativa plantea que cuando se detecte que existe un negocio instalado de préstamos informales se pueda iniciar una actuación judicial de oficio. Para quienes desarrollen este tipo de actividades, el proyecto contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
Además, establece penas de entre tres y seis años para quienes recurran a amenazas, coerción o presión para exigir el pago de las deudas.
El legislador advirtió que las situaciones de violencia vinculadas al cobro de préstamos informales son cada vez más frecuentes y mencionó casos de viviendas y vehículos incendiados y amenazas contra familiares de los deudores.
“Estamos proponiendo proteger a las víctimas de explotación crediticia”, afirmó.
El proyecto también incorpora una alternativa para las personas que actualmente quedan excluidas del sistema financiero formal. Molina explicó que no alcanza con penalizar a los prestamistas usurarios, porque muchas personas recurren a ellos porque no tienen otra posibilidad para conseguir dinero.
Por eso, la iniciativa propone crear mecanismos de microcréditos con tasas no usurarias, destinados a personas que necesitan pequeñas sumas de dinero para afrontar gastos o sostener emprendimientos.
“Estamos proponiendo también una especie de banquito de la buena fe, que haya microcréditos pequeños, sin una tasa usurera, que puedan ayudar a la persona a salir de este pozo”, señaló.
El diputado vinculó el crecimiento de este tipo de endeudamiento con el elevado nivel de informalidad laboral. Explicó que quienes trabajan de manera informal muchas veces no pueden acceder a un crédito bancario ni a determinadas alternativas de las billeteras virtuales.
Mencionó como ejemplos a personas que juntan cartones o que sobreviven mediante pequeños emprendimientos de elaboración y venta de tortas, empanadas u otros productos.
“Esa es la gente que se termina endeudando con el usurero barrial”, sostuvo.
También relacionó la problemática con la circulación de dinero de origen ilícito en algunos barrios y advirtió que detrás de determinados negocios de préstamos pueden aparecer actores vinculados con actividades delictivas.
El diputado confirmó que el proyecto ya fue presentado en el Congreso de la Nación y aseguró que cuenta con acompañamiento de legisladores de distintos bloques. Según explicó, además de Unión por la Patria, la iniciativa recibió respaldo de sectores de Provincias Unidas y otros bloques considerados intermedios.
Ahora resta que avance en las comisiones correspondientes. En ese punto, el legislador cuestionó el funcionamiento parlamentario y afirmó que varios proyectos impulsados desde la oposición encuentran dificultades para ser tratados debido a que las comisiones están presididas por diputados de La Libertad Avanza.
“Todos estos proyectos caen en comisiones presididas por los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, por tanto no las convocan”, cuestionó.
El objetivo central de la iniciativa es que quienes necesitan dinero no queden atrapados en un circuito de endeudamiento en el que una deuda pequeña termina convirtiéndose en una obligación imposible de pagar y, en algunos casos, deriva en amenazas y violencia.
“Proteger a las víctimas de explotación crediticia” es, según resumió el legislador, el principal objetivo del proyecto.