En un giro en su posición, el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos resguardar la soberanía en las Islas Malvinas: apurará la construcción de una base naval en Tierra del Fuego que ya lleva 4 años y, luego de mostrar una pasividad desde su asunción, comunicó que hará cumplir una ley de hace 15 años que impone sanciones a empresas extranjeras que operan en el territorio. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, dijo Javier Milei al iniciar su comunicado.
La iniciativa de MIlei quedó vinculada con el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas cercanas al archipiélago. El desarrollo prevé comenzar a producir en 2028, pese al rechazo del Gobierno argentino.
Sin embargo, la legislación nacional ya contempla un amplio régimen administrativo y penal para quienes exploren o extraigan hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización. Las normas también alcanzan a accionistas, prestadores de servicios y compañías que participen en operaciones financieras, técnicas o logísticas.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, determina que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina necesitan la autorización de las autoridades nacionales. La prohibición no se limita a las empresas encargadas directamente de extraer los recursos, sino que también comprende a las personas físicas o jurídicas que posean participaciones en esas compañías o les proporcionen servicios.
El texto incluye expresamente las transacciones comerciales, operaciones económicas y financieras, tareas logísticas, asistencia técnica, consultorías y asesorías, tanto pagas como gratuitas.
Quienes incumplan esas disposiciones pueden ser inhabilitados para operar en la Argentina durante un plazo de entre cinco y 20 años. Si cuentan con concesiones hidrocarburíferas dentro del país, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias.
La norma también establece el cese de beneficios impositivos o previsionales y prohíbe que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con las empresas involucradas, sus controladas o sus accionistas.
La Ley 26.915, aprobada en 2013, modificó el régimen e incorporó sanciones penales para las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. Para quienes encarguen o lleven adelante tareas de exploración, la legislación contempla penas de cinco a 10 años de prisión y multas equivalentes al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo WTI.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas se elevan a entre 10 y 15 años de prisión, con multas calculadas sobre el valor de entre 150.000 y 1,5 millones de barriles.
La condena también puede implicar el decomiso de los equipos, los materiales utilizados y los recursos extraídos, además de la extinción de permisos o concesiones otorgados por el Estado.
“No alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el presidente.
“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, sostuvo.
“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, precisó el presidente.
El presidente anunció que ampliará recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que se comenzó a levantar hace 4 años. También quiere incrementar las capacidades en telecomunicaciones. Milei destacó que la base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país.