La falta de anestesistas ya es un problema que puede paralizar cirugías en La Pampa y un sector del peronismo busca ponerle un límite al poder de negociación de los especialistas. Diputados de Convergencia Peronista trabajan en un proyecto de ley para declarar a la anestesiología como servicio esencial y establecer una emergencia por seis años, con el objetivo de garantizar que, aun en medio de un conflicto laboral, no pueda interrumpirse de manera total la atención. La iniciativa, impulsada por Espartaco Marín, también busca aumentar la cantidad de profesionales, ampliar la formación de nuevos anestesiólogos y reducir la dependencia del Estado de un grupo reducido de especialistas.
El trasfondo es también económico: el Gobierno provincial destina alrededor de $8.400 millones al año a anestesiología, en un escenario de fuerte escasez de profesionales. El proyecto parte de una premisa concreta: sin anestesista no hay cirugía, aunque estén disponibles el quirófano, el cirujano, los enfermeros y todo el equipamiento. Por eso propone asegurar un piso del 75% de las prestaciones durante cualquier conflicto y, al mismo tiempo, generar mecanismos para incorporar y formar nuevos especialistas.
Los 8.400 millones se distribuyen en unos 15 anestesistas. Es decir, de promedio, cada uno recibe unos 45 millones por mes (con descuentos, en mano, le quedan poco más que 20 millones). Eso se complementa con una cifra similar por sus prácticas en clínicas y otros centros privados.
El proyecto de Convergencia no apunta solamente a declarar a la anestesiología como servicio esencial. Busca modificar una relación de fuerzas que, desde hace años, tiene al Estado provincial frente a un grupo reducido de especialistas cuya disponibilidad resulta indispensable para que funcione buena parte del sistema sanitario.
La cuestión es sencilla de explicar: una cirugía no puede realizarse sin anestesista. Puede estar disponible el quirófano, el cirujano, el instrumental, los enfermeros y el resto del equipo médico, pero si no hay un profesional que administre la anestesia, la intervención debe suspenderse.
Ese carácter transversal es el que los autores de la iniciativa utilizan como fundamento para darle a la especialidad un tratamiento diferente. La intención es que una eventual disputa por honorarios o condiciones laborales no pueda derivar en la interrupción total de las prestaciones.
El proyecto establece que, ante un conflicto que pueda afectar la continuidad del servicio, deberá garantizarse como mínimo el 75% de la prestación habitual. En otras palabras, el objetivo es evitar que una medida de fuerza pueda dejar prácticamente paralizada la actividad quirúrgica del sistema público.
La iniciativa también declara una emergencia en anestesiología por seis años, con posibilidad de una única prórroga automática por otro período de igual duración, salvo que el Poder Ejecutivo decida terminarla antes.
Pero el proyecto no se limita a establecer obligaciones durante los conflictos. El otro gran problema que intenta resolver es la falta de profesionales.
En La Pampa, como ocurre en buena parte del país, la anestesiología es una especialidad con pocos profesionales disponibles. Esa escasez genera una situación particular: el Estado necesita garantizar el servicio, pero tiene un margen limitado para reemplazar rápidamente a quienes lo prestan.
De allí surge buena parte de la discusión económica. Según los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno provincial destina alrededor de $8.400 millones anuales al rubro anestesiología. El gasto se concentra en aproximadamente 15 profesionales, lo que representa un promedio de unos $46 millones mensuales por anestesista.
Los autores del proyecto entienden que esta situación requiere una respuesta que no dependa exclusivamente de discutir cuánto se paga por cada prestación. La apuesta es aumentar la cantidad de anestesiólogos disponibles y, con ello, reducir la dependencia del sistema respecto de un número limitado de especialistas.
Más residentes y dos años de permanencia
Uno de los puntos centrales de la propuesta está puesto en la formación. Durante la vigencia de la emergencia, los concursos para cubrir residencias deberán contemplar un mínimo de diez cupos de Anestesiología en toda la provincia.
Pero la iniciativa busca además que esa inversión en formación tenga un retorno para el sistema público. Los médicos que realicen la residencia —tanto quienes ingresen después de la eventual sanción de la ley como quienes ya estén cursándola— deberán cumplir dos años adicionales de servicio en los efectores estatales una vez terminada su formación.
La lógica es directa: formar especialistas para que después permanezcan durante un período determinado dentro de la estructura pública.
El proyecto también contempla incentivos económicos no remunerativos para los anestesiólogos, vinculados con las horas de trabajo y las guardias efectivamente realizadas.
A la vez, el Ministerio de Salud quedaría facultado para reasignar funciones y horarios de los profesionales con el objetivo de garantizar la cobertura en los distintos puntos de la provincia.
También podría celebrar convenios con entidades públicas y privadas para cubrir los puestos que sean necesarios.
Una salida excepcional para sumar profesionales
La propuesta incluye además uno de los mecanismos más llamativos: permitir, por única vez, que médicos de determinadas especialidades puedan acceder a una equivalencia al título de especialista en Anestesiología.
La medida alcanzaría a profesionales de terapia intensiva, terapia intensiva pediátrica, cardiología, unidad coronaria y otras especialidades que determine la autoridad de aplicación.
No se trataría, según el proyecto, de abandonar la especialidad de origen. Los médicos que accedan a esa equivalencia deberán continuar prestando servicios en ella y la práctica anestesiológica tendrá carácter adicional y complementario.
Es una herramienta pensada para una situación de emergencia: ampliar rápidamente el universo de profesionales que pueden colaborar con la cobertura anestesiológica, sin depender exclusivamente de la formación tradicional de nuevos especialistas.
El proyecto también contempla la creación de un Registro Público de Médicos Especialistas en Anestesiología, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Un conflicto que viene de lejos
La discusión actual tiene antecedentes. La relación entre los anestesistas y el Estado pampeano ya estuvo marcada por fuertes conflictos en las últimas décadas.
En 1998, una medida de fuerza de la Asociación Pampeana de Anestesiología dejó sin servicio de anestesia a afiliados del Sempre, la obra social estatal. El conflicto se produjo luego de que Sempre y el Colegio Médico de La Pampa acordaran determinados valores que los anestesistas rechazaron.
La situación volvió a repetirse en 2012. Ocho anestesiólogos dejaron de prestar servicios al Sempre y el entonces gerente de la obra social, Omar Martínez Almudévar, denunció que los profesionales pretendían un incremento de hasta el 120%.
Pero el antecedente más fuerte se produjo en 2016. El 1 de abril de aquel año, los anestesistas interrumpieron la atención a afiliados del Sempre. La obra social recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que obligó a mantener las prestaciones durante un período determinado.
En plena disputa, el Sempre calificó públicamente la conducta como “extorsiva” y sostuvo que las condiciones económicas reclamadas eran incompatibles con la situación del sistema sanitario provincial.
El reclamo rondaba entonces el 70% de aumento, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo por una recomposición del 29%, con la posibilidad de una actualización posterior.
El episodio provocó una fuerte reacción del entonces gobernador Carlos Verna, quien calificó a los anestesistas como un “club privado y cerrado” y cuestionó el poder que tenían dentro del sistema sanitario.
Pero Verna también reconoció la otra cara del problema: la anestesiología era una especialidad escasa, y esa falta de profesionales les otorgaba a quienes ya estaban dentro del sistema una capacidad de negociación particularmente fuerte.
El problema de formar nuevos anestesistas
El antecedente de la formación también resulta significativo. En 2016, Salud Pública había intentado crear una residencia de anestesiología durante una gestión anterior de Verna, precisamente para aumentar la cantidad de especialistas disponibles en la provincia.
La Asociación Pampeana de Anestesiología se había opuesto a la iniciativa argumentando que no existían recursos humanos y materiales suficientes para formar especialistas.
El episodio resulta relevante porque pone en evidencia uno de los principales nudos del problema actual: la falta de anestesiólogos no se resuelve rápidamente. Formar un especialista demanda años y, mientras tanto, el sistema sanitario sigue dependiendo de los profesionales que ya están disponibles.
Después del conflicto con el Sempre, en noviembre de 2016, el gobierno de Verna terminó firmando un convenio con la Asociación Pampeana de Anestesiología. El acuerdo contempló que sus integrantes prestaran servicios en los hospitales públicos de toda la provincia y, al mismo tiempo, colaboraran en la formación de nuevos profesionales.
Diez años después, el problema vuelve a aparecer, aunque ahora con una respuesta que pretende ser más estructural.
El proyecto de Marín busca que el Estado deje de estar obligado a resolver cada conflicto desde una posición de dependencia y pueda contar con más profesionales, reglas específicas para las medidas de fuerza y herramientas para garantizar la continuidad de las cirugías.
El punto de fondo es justamente ese: la anestesiología no es una prestación más dentro del sistema de salud. La falta de un anestesista puede detener una cirugía, una guardia o un procedimiento complejo. Y cuando los profesionales disponibles son pocos, esa característica transforma un conflicto sectorial en un problema que puede afectar a todo el sistema sanitario.