La Justicia investiga una presunta apropiación ilegal de un niño en General Pico, luego de que una pareja recibiera al pequeño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y con una presunta entrega de dinero. Además, surgieron indicios de que podrían haberle cambiado el nombre al niño. El nene quedó bajo resguardo del Estado. La situación se conoce en momentos de otro conflicto con un bebé en Rancul, que se encuentra al cuidado de una familia de contención y debe ser entregado en adopción a otra familia.
La situación fue detectada la semana pasada y motivó la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa.
El 3 de septiembre se radicó una denuncia penal. Ese mismo día, la pareja se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes Nº 3 de General Pico para intentar regularizar la situación, informó la Agencia Provincial de Noticias.
El juzgado rechazó el planteo y dio intervención al Ministerio Público Fiscal, ante la posible comisión de un delito relacionado con la apropiación del niño y el eventual aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Durante las actuaciones también aparecieron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del niño mientras permanecía al cuidado de la pareja. El dato fue comunicado a la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.
Frente a este escenario, se dispuso una medida excepcional de protección de derechos y el niño quedó al cuidado de un dispositivo estatal especializado.
Desde la subsecretaría remarcaron que las entregas directas de niños entre particulares, por fuera de los mecanismos legales, no constituyen una vía válida para establecer filiaciones o adopciones y pueden derivar en conductas delictivas.
El organismo recordó que los procesos de adopción requieren la intervención de los organismos competentes y de la Justicia, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
También advirtió que los procedimientos realizados por fuera de las vías legales pueden vulnerar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la identidad y el interés superior del niño.